La Asociación de Ayuda a Familias de Menores con Problemas de Adicciones (Afaval) gestiona el único centro terapéutico que trabaja en Extremadura de forma específica las conductas adictivas de menores. Precisamente, nació en 2010 para cubrir el vacío que entonces existía en la región en este ámbito y fruto de la iniciativa de un grupo de padres y madres que sufrían este problema en sus carnes. «Todos habían sondeado ir a algún recurso, ya fuera privado o público, pero concebido para adultos. Y estaban un poco desorientados porque se daban cuenta de que esto no es una cuestión de recibir tres o cuatro sesiones o de una pastilla mágica. La adicción es un recorrido, es un proceso que dura meses o años de trabajo con los chavales», cuenta Luis Guerrero, director técnico de esta asociación sin ánimo de lucro, por cuyo centro terapéutico han pasado en 2021 alrededor de dos centenares de jóvenes de hasta 21 años.

En él se ofrecen terapias a ellos y a sus familias con el objetivo tanto de que dejen atrás sus adicciones como de recomponer las relaciones familiares. «Buscamos ofrecer una asistencia personalizada en un ambiente juvenil», aclara Guerrero. Unas tres cuartas partes de quienes han recibido tratamiento en Afaval en el recién acabado año lo hicieron por el consumo de cannabis. «La percepción de los problemas que puede conllevar su consumo ha disminuido brutalmente. Para los chavales fumarse un porro es como fumarse un cigarro o tomarse una caña. Ellos no le atribuyen ningún riesgo, socializan con el cannabis y con el alcohol», apunta. Alrededor de un 80% son varones.

«Para los chavales un porro es como fumarse un cigarro o una caña. La percepción del riesgo ha disminuido brutalmente»

LUIS GUERRERO - Director técnico de Afaval

La otra problemática que está repuntando más, añade, es la relacionada con la utilización abusiva de los móviles y de los videojuegos. En los últimos meses están llegando «chicos de 12, 13 o 14 años con cuadros de agresividad a la hora de retirarles el móvil o si les cortas el wifi en casa porque hay que dormir o hacer los deberes. Los padres ya ven claramente que necesitan ayuda», enfatiza. Menciona la atención que le están prestando a un menor que lleva tres meses sin ir a clase «por el enganche que tiene al Fortnite [videojuego de acción]. Es una caso sangrante por la edad tan temprana, 12 años, y porque tiene unos cuadros de agresividad brutales. Los padres están muy implicados en la ayuda, pero es difícil. Con la edad del chico no se puede recurrir a la policía, hay que intentar negociar, hablar con él, pero es muy complicado». Por contra, las atenciones por abuso de drogas legales, como el alcohol y el tabaco, «se pueden contar con los dedos de la mano. Todavía no es un signo de alarma para los padres».

Contar con varias plazas residenciales, el objetivo

Afaval desarrolla su actividad en Mérida, en unas instalaciones cedidas por el ayuntamiento emeritense en la calle Atarazanas, pero se trata de un recurso de ámbito regional. A día de hoy el tratamiento es ambulatorio, los jóvenes acuden una o dos veces por semana para hacer terapia tanto individual como grupal y para asistir a talleres aunque, señala Guerrero, «nuestro siguiente escalón es poder ofrecer este recurso a algunas familias de manera interna, porque sí hay algunos chavales para los que sería muy necesario apartarlos del ambiente familiar o del entorno social en el que viven durante un mes o dos. No es fácil, pero nuestro sueño es tener algunas plazas en residencial». 

Cinco de los profesionales que trabajan en el centro terapéutico de Afaval. Jero Morales

La asociación también cuenta con un programa para la inserción laboral de estas personas con conductas adictivas, a través del cual se les ayuda en la búsqueda de empleo, y además está implicada en acciones educativo-preventivas. Su equipo está integrado por seis profesionales de la psicología, pedagogía, educación social y el trabajo social. La entidad pertenece a la Red de Atención a Conductas Adictivas de Extremadura.

«Al ser un recurso donde realmente vienen ‘arrastrados’ por sus padres, acuden los que tienen la suerte de contar con un buen ambiente familiar. Sus progenitores están más concienciados y si su hijo consume cannabis o le encuentran un cogollo de marihuana en la mochila lo consideran un problema. Si el padre no lo entiende así, no acudirá, por lo que no están viniendo muchos de quienes realmente más lo necesitan. De ahí que trabajemos tanto con las Ampas [las Asociaciones de madres y padres de alumnos]».

Este es el perfil más habitual, lo que ayuda a que esta asociación tenga un porcentaje de éxito alto en sus atenciones, que ronda «entre el 70% y el 80%». No obstante, también está otra tipología, la de los jóvenes que reciben a través de los convenios que se mantienen con la fiscalía de menores y el equipo de medidas judiciales en medio abierto, que en 2021 han sido «entre 15 y 20 chavales». En estos casos la situación es ya más «límite». «El juez les impone una libertad vigilada de uno o dos años y una de las condiciones que se establecen es dejar de consumir cannabis y nos los derivan al centro. O cumplen con esto o van a un internamiento como puede ser el Marcelo Nessi o un centro tutelado».