La reforma laboral aspira hacer fijos 34.000 contratos temporales en Extremadura

Combatir la precariedad, reducir la temporalidad y reequilibrar la negociación colectiva. Son los tres objetivos que persigue la recién aprobada reforma laboral, que según los sindicatos tendrá un impacto más que positivo en Extremadura. A nivel nacional las previsiones más optimistas apuntan que las tasas de eventualidad podrían caer en torno a un 10%, lo que en la región supondría la reconversión de unos 34.000 contratos temporales en indefinidos. Esto es un tercio (33%) de los 101.500 que existían con esta modalidad a cierre de 2021, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre. 

Al margen de la polémica generada en su aprobación, la esperada norma supone un cambio radical en las relaciones laborales con una batería de medidas encaminada a reducir la alta temporalidad de los contratos. UGT y CCOO están más que convencidos de su impacto positivo en los sectores más precarizados y que más mano de obra generan en Extremadura, como el campo o la hostelería. «Tendremos que sacar de nuestro lenguaje que es muy difícil ser indefinido, porque ese será a partir de ahora el contrato per se», afirma Francisco Morcillo, secretario de Política Institucional y Empleo de UGT Extremadura.  

Según los datos de la última EPA, en la región la tasa de temporales es del 31,5%, un porcentaje que se eleva hasta el 35% en el caso de las mujeres y que afecta más al sector público (34,7%) que al privado (30,2%). Las actividades más expuestas a los cambios son aquellas con un mayor nivel de eventuales, como la hostelería, el turismo, el comercio o el campo. «Son sectores que están asentados en la temporalidad y la precariedad. El agrario, por ejemplo, es el mismo aquí que en Francia o Italia, las recogidas son las mismas. ¿Cómo es posible que en la UE haya un 30% de temporalidad y aquí un 60%?», se pregunta Morcillo. 

La Creex cree que el mayor trastorno para el empresario es que desaparece el contrato de obra y servicio

A la espera de evaluar el impacto de la norma, los sindicatos se muestran cautos en los datos. Los efectos reales de las medidas implantadas se notarán a partir del segundo trimestre del año porque se ha establecido un periodo transitorio de tres meses. No obstante, enero de 2022 ya «ha sido el mes con más contratos indefinidos de toda la serie histórica, un 7%», destaca Morcillo. 

En la contratación, la principal novedad es que desaparece el contrato por obra y servicio, la modalidad que según el Gobierno concentra el mayor fraude. Los datos de CCOO reflejan que en 2021 se firmaron 244.600 contratos de esta tipo en Extremadura. En enero de 2022 han sido casi 14.000, «que a partir de marzo pasarán a ser indefinidos o fijos discontinuos», dice Francisco Jiménez, secretario de Formación y Empleo de CCOO. 

Brecha de género

CCOO destaca además como aspecto muy positivo el impacto de la reforma en el colectivo femenino: en torno al 30% de las mujeres se beneficiarán de la eliminación del contrato de obra y servicio. Y en el sector público, atajar la temporalidad afectará a un 29,1% de mujeres que están en precariedad (altas y bajas muy seguidas), mientras que un 42,7% encadenan contratos temporales, que ahora se limitan a un máximo de un año, frente a los cuatro de antes. 

Con la reforma laboral el contrato tipo pasa a ser el indefinido (dentro de esta modalidad se incluye el fijo discontinuo para trabajos de naturaleza estacional o de temporada y periodos de ejecución ciertos). Los temporales se permiten solo bajo causas muy justificadas: para sustituciones o por circunstancias de la producción, que pueden ser imprevisibles (como un aumento repentino de los pedidos, con un máximo de seis meses ampliables a otros seis) o previsibles pero de corta duración, como la campaña de Navidad (90 días como máximo).

Serán convertidos en indefinidos quienes acumulen 18 meses de trabajo en un periodo de dos años con la misma empresa o grupo de empresas y las infracciones por uso indebido de contratos temporales se aplicarán por trabajador afectado y no por empresa, elevándose de 8.000 a 10.000 euros en su grado máximo. Los contratos inferiores a 30 días tienen una cotización extra de 26 euros cada vez que se den de baja. 

La patronal agraria es la más crítica y tratará de adaptarse en la negociación del convenio del campo

«Nunca el acuerdo agrada al cien por cien a ninguna de las partes, y eso es una negociación», explica al respecto el secretario general de la Confederación Regional de Empresarios de Extremadura (Creex), Javier Peinado. Reconoce que las empresas extremeñas tendrán que adaptarse a las nuevas normas en lo relativo a la contratación, pero la Creex también consideran que hay aspectos positivos como la consolidación de los ERTE, y, sobre todo, «la imagen de país, la certidumbre que se da a los mercados e inversores». 

Efecto sobre las empresas extremeñas

Entre los cambios que pueden causar más trastorno a los empresarios extremeños, Peinado alude a la supresión del contrato por obra o servicio, «que, ojo, venía de una reforma impulsada por un gobierno socialista», con lo que ahora hay que justificar mucho más el contrato temporal. «Esto, que por cierto era una exigencia de la UE, puede ser lo más lesivo, pero la alternativa era que el Gobierno sacase adelante su planteamiento inicial con sus socios parlamentarios y entonces si hubiese sido una auténtica catástrofe», afirma.

En Extremadura, las voces más críticas hacia la nueva reforma laboral han venido del sector agrario, cuya patronal ve muchas dificultades para aplicarla y entiende que no se han tenido en cuenta sus peculiaridades. Por ejemplo la dificultad de poner fechas a un contrato temporal que depende de la duración de una campaña. Desde UPA-UCE han pedido una mayor flexibilización al Gobierno y Asaja ha avanzado que presentará una propuesta adaptada a los cambios en la negociación del nuevo convenio del campo.