"Es una injusticia. Lo veo como madre, como afectada, como profesora de Derecho Financiero y como defensora de una fiscalidad que promueva la igualdad". Elena Manzano, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura (Uex) es una de las «cientos» de mujeres extremeñas a las que la Agencia Tributaria está reclamando ahora la deducción por gastos de guardería que comenzó a aplicarse en la declaración de la renta en 2018.
Se trata de una medida de conciliación de la que pueden beneficiarse las madres trabajadoras con hijos menores de tres años, que por los gastos de guardería pueden sumar hasta 1.000 euros adicionales a los 1.200 de la deducción por maternidad. Pero en la práctica no ha tenido los resultados esperados, ya que los requisitos exigidos en un reglamento «discriminatorio» han dejado fuera a la inmensa mayoría de los centros privados, lo que limita la ayuda apenas a un 10% del total. A ello se une una normativa que no ha sido clara desde el principio, lo que empujó a cientos de mujeres a aplicarse la deducción. Y ahora Hacienda ha comenzado a reclamar las cantidades e incluso imponer sanciones a las afectadas.
Manzano, que ha creado la Asociación de Afectadas por Gastos de Guardería en el IRPF, calcula que son «miles» las mujeres perjudicadas y otros tantos los procesos judiciales abiertos en toda España. La plataforma, de adscripción gratuita, cuenta con más de un centenar de asociadas extremeñas y está ayudando a mujeres de todo el país a conseguir una ayuda que la profesora considera «de justicia». «Es una medida de conciliación, no pueden basarse después requisitos educativos. Si no, ¿por qué no se la pueden aplicar los padres?», se pregunta.
A la espera del Supremo
Manzano es madre de dos hijos y Hacienda le reclama una cantidad total de 1.800 euros por los gastos de guardería de parte del año 2018 y todo 2019. Recurrió a la vía judicial y aunque la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha sido desfavorable, irá al Supremo y se muestra muy esperanzada: el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria sí ha dado la razón a otra mujer afectada y confía en que el Supremo se pronuncie en el mismo sentido.
En ese caso además, sentaría jurisprudencia y abriría la vía a la devolución de «millones de euros» en todo el país. El colectivo sí ha conseguido que el Tribunal Económico Administrativo (TEAR) de Extremadura anule las multas que impone Hacienda (unos 300 euros) a las mujeres que se han deducido los gastos indebidamente.
Manzano recomienda a las madres que no incluyan la deducción en la declaración de la renta, sino que presenten después una liquidación complementaria con el justificante de la guardería y los abonos de las mensualidades para evitar la sanción. «Muchas madres han conseguido así que les abonen el dinero», asegura.
A las que ya lo incluyeron y ahora Hacienda les reclama, el consejo es pagar (o pedir un fraccionamiento o aplazamiento) para evitar los intereses de demora y alegar después. «Lo que digo a todas las madres es que no se dejen prescribir el derecho, hasta 2024 pueden corregir sus liquidaciones y beneficiarse si hay una sentencia favorable», dice.
Según los datos que maneja la Asociación de Centros de Educación Infantil y Guarderías de Extremadura (Aceigex) serían solo «un 8% o un 10%» los centros extremeños que cumplen los requisitos para que las madres puedan aplicar esta deducción. «En toda la ciudad de Badajoz serían solo cuatro», dice el presidente de Aceigex, Juan Ruíz Subirán.
Dos licencias diferentes
El problema es un matiz que se introdujo en diciembre de 2018 en el reglamento que regula la aplicación de la deducción por guarderías, que especificó que los centros debían contar con dos licencias: la municipal y la autonómica. La primera es obligatoria para todas las guarderías porque controla cuestiones como la salubridad. Pero no la segunda, que otorga la Consejería de Educación y exige unos requisitos mucho más restrictivos en lo relativo al currículo, el personal o las propias instalaciones. «Es una autorización pensada más para colegios», afirma Manzano.
"En la ley se habla de gastos de guardería o centros de educación infantil autorizados. Y ese matiz introducido en el reglamento es el que ha condicionado e impedido a la mayoría de las madres poder aplicarse la deducción". «Es un auténtico despropósito», asegura la profesora.
Por tanto, la mayoría de guarderías privadas, que en algunas ciudades extremeñas suponen ya el 50% de las plazas disponibles para niños de cero a tres años, no pueden optar a esta autorización. Y son estas madres las que por norma general, están ahora recibiendo las cartas de la Agencia Tributaria para que devuelvan las cantidades que ya han percibido.
«Al final quieren forzar a los negocios tradicionales de guarderías, cercarlos y dejarlos fuera. En Extremadura el poder adquisitivo de las familias es bajo, las cuotas se mueven entre 100 y 200 euros y si la Junta fuerza a tener los requisitos que establece su licencia (patio de 70 metros cuadrados y aulas de 60 con baño integrado) los precios serían otros y las familias, sin tener una calidad educativa mayor, tendrían que hacer un esfuerzo económico mucho mayor», explica Ruiz Subirán desde Aceigex. «Es totalmente discriminatorio. No seremos educación formal, pero sí somos educación», concluye el presidente del colectivo.
