El decreto autonómico que limita las bajas temerarias en la contratación pública y permite revisar el alza del precio de los materiales no gusta al Gobierno central. La norma se aprobó el pasado marzo para dar respuesta al clamor de los empresarios (que tampoco quedaron satisfechos) y apenas tres meses después el Ministerio de Política Territorial va a iniciar negociaciones con la Junta de Extremadura por «discrepancias» en dos aspectos clave: que la oferta económica no tenga un peso superior al 60% en la adjudicación y que la cláusula de revisión de precios que se introdujo en la ley de presupuestos regionales de 2022 pueda aplicarse sobre las obras que ya estaban en ejecución antes del 1 de enero de 2021.
El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este miércoles el acuerdo que da inicio a los trabajos de negociación en el seno de la Comisión Bilateral de Cooperación Estado-Comunidad Autónoma. Se trata de un procedimiento habitual: cuando el Estado considera que alguna ley autonómica vulnera sus competencias convoca a la comisión bilateral para resolverlas.
Para la Junta se trata de una norma «ambiciosa e innovadora» que avanza en la calidad de los proyectos y servicios públicos
Como resultado pueden darse tres supuestos: que el Estado acepte los argumentos de Extremadura y determine que el decreto no invade sus competencias; que la región reconozca que se ha extralimitado y acepte corregir los artículos que se cuestionan o que ninguna de las dos partes ceda. En este último caso el Gobierno recurriría ante el Tribunal Constitucional, aunque no es lo habitual porque casi siempre se trata de cuestiones técnicas que se resuelven en la negociación y más cuando ambos ejecutivos son del mismo color político .
Según se explica en el acuerdo publicado en el DOE, el Gobierno central muestra discrepancias respecto al artículo 3 y la disposición adicional segunda del real decreto-ley 1/2022. El primero establece que para los contratos de obras y de servicios que se tramiten por procedimiento abierto el precio no podrá tener un peso superior al 60% ni inferior al 40% de la valoración total de la oferta, en pro de otros aspectos como la calidad, la innovación o una mayor vida útil de la obra o servicio.
En el caso de los contratos de servicios relacionados con las tecnologías de la información, consultoría, ingeniería, arquitectura y urbanismo, así como cuando se trate de contratos relativos al cuidado de personas en el ámbito de los servicios sociales, el criterio precio no podrá superar el 30% del total de puntos asignable.
Por su parte, la disposición adicional segunda permite la aplicación de la cláusula de revisión de precios que se incluyó en la ley de presupuestos de 2022 «por alteración extraordinaria e imprevisible de los materiales» a las obras que estuvieran ya en ejecución antes del 1 de enero de 2021.
Apoyo del PP y Cs
El decreto-ley se aprobó en Consejo de Gobierno el pasado 2 de marzo para dar respuesta al clamor de los empresarios, que exigían medidas urgentes para asegurar la viabilidad de los proyectos ante la escalada global de precios. «Intentamos evitar que las licitaciones públicas se vean frenadas como consecuencia del elevado precio de los materiales», explicó entonces el portavoz de la Junta de Extremadura, Juan Antonio González. Posteriormente, el 24 de marzo, el decreto fue convalidado en el pleno de la Asamblea con el apoyo del PP y Ciudadanos. Unidas por Extremadura se abstuvo aludiendo a la potestad que se otorga a la consejera de Hacienda de modificar los porcentajes en los contratos de obras y mixtos.
La patronal advierte que ante este escenario será muy complicado ejecutar la ingente cantidad de obras que se prevén con los fondos europeos
La Junta definió esta norma como «ambiciosa e innovadora», una herramienta para avanzar en la calidad de la contratación pública y «alcanzar objetivos de carácter económico, social y medioambiental» en un contexto de crisis derivada de las consecuencias de la pandemia y agravada por la guerra en Ucrania.
Pero lo cierto es que la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex) la tachó de «totalmente insuficiente» y de hecho, el pasado 8 de junio un total de 58 empresas integradas en la Creex y Pymecon, que suponen más del 70% del volumen de licitación pública en Extremadura, firmaron un manifiesto en el que volvían a reiterar la necesidad de tomar medidas urgentes contra la escalada del precio de los materiales de construcción.
«El problema no es solo de las empresas, es un problema para toda la sociedad. Se está produciendo un retraso significativo en actuaciones necesarias, de construcción o mantenimiento en hospitales, centros de salud, carreteras, centros de servicios a la ciudadanía, colegios, institutos, entornos urbanos, abastecimiento y depuración de aguas, etc.», recuerdan las contratistas. Las empresas advierten de que con este panorama «va a ser tremendamente complicado, por no decir imposible, acometer la ingente cantidad de obras que se prevén a merced a los fondos europeos».
También contra la ley de reto demográfico
El Ministerio de Política Territorial también ha mostrado discrepancias con respecto a varios preceptos recogidos en la nueva ley de reto demográfico de Extremadura, aprobada por unanimidad de todos los grupos parlamentarios y una de las normas estrella de la legislatura.
El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publicó ayer el acuerdo para iniciar las negociaciones en el seno de la Comisión Bilateral de Cooperación Estado-Comunidad Autónoma por los artículos 21 y 59. El primero hace referencia al papel de la contratación pública como herramienta para promover el desarrollo territorial equilibrado. El segundo, a la planificación de la red de comedores escolares y la priorización de empresas que utilicen alimentos de temporada y proximidad en la contratación del servicio.
