Es el porcentaje más alto del país: casi el 30% de las personas que solicitan las ayudas de la ley de dependencia en Extremadura quedan fuera del sistema al no cumplir los requisitos para obtener grado, el baremo que se utiliza para medir las necesidades de cada caso y determinar la prestación o servicio en función de si esa dependencia es moderada (grado I), severa (grado II) o gran dependencia (grado III). Desde que se pusiera en marcha la ley en el año 2008, Extremadura ha resuelto 52.343 expedientes y el 28% ha obtenido la calificación ‘sin grado’, lo que implica que en la práctica se rechazan una de cada tres solicitudes que se presentan.
Los extremeños pueden pedir la valoración en otra comunidad y después trasladar el expediente
Los últimos datos publicados por el Ministerio de Derechos Sociales, correspondientes a junio de 2022, evidencian que se trata del porcentaje más elevado del país, a casi 10 puntos de la media nacional (en el 19%) y muy superior al que presentan otras comunidades como Galicia y Canarias, que están en el extremo opuesto con apenas un 10% y un 12% de solicitantes calificados sin grado.
¿Qué implica esto? Que personas que en Galicia o Canarias (y en definitiva el resto de regiones, ya que Extremadura lidera el ranking) sí se consideran dependientes, aquí no lo son. Los más afectados son los dependientes moderados, que están en el primer escalón del sistema por ser los más leves, aunque también puede afectar a la asignación de grado al resto de niveles.
¿Por qué ocurre? La ley estatal establece la definición (por ejemplo, para dependientes leves: «cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez al día o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal»), pero cada comunidad la interpreta y aplica a su criterio. «Unas son más laxas y otras más estrictas. Y Extremadura es actualmente la comunidad que con mayor rigidez aplica ese baremo», explica José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.
A su juicio, no se trata de una cuestión de envejecimiento ni del número de solicitudes recibidas (la región es la segunda con más peticiones en relación a su población, 5,2%) sino más bien «del perfil de los equipos de valoración y las directrices que se siguen». Una situación similar se daba en Asturias, que según el colectivo finalmente optó por suavizar los requisitos y ahora rechaza un 21% de las solicitudes que recibe. Cataluña, Madrid, Navarra, País Vasco y La Rioja también están por encima del 20% y superan la media.
La asociación llama la atención sobre la importancia de este dato porque, asegura, «los extremeños están perdiendo derechos por esa excesiva rigidez». Extremadura siempre ha sido de las comunidades más estrictas, «pero ahora mismo está disparada», apunta Ramírez. Ante esta situación, la asociación recomienda a los extremeños iniciar su expediente en las comunidades limítrofes y trasladarlo ya una vez obtenida la valoración de grado a Extremadura, «que se puede hacer» sin alterar el procedimiento a seguir porque se trata de una ley estatal.
459 días: la espera se reduce cinco meses
Extremadura ha sumado en los seis primeros meses del año 1.226 nuevos beneficiarios al sistema de la dependencia y ha logrado reducir de 691 a 459 días el tiempo desde que se cursa la solicitud hasta que se recibe la ayuda, aunque aún se mantiene muy por encima de los 180 (seis meses) que marca la ley. A ello hay que sumar que 6.470 personas con el derecho reconocido aún no están recibiendo sus ayudas y otras 3.563 están pendientes de valoración por el Sepad.
Los datos, que facilita el Ministerio de Derechos Sociales, apuntan que en los seis primeros meses del año los usuarios en espera se han incrementado, pero según explica José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, es fruto la «lenta» recuperación del sistema tras el plan de choque que se puso en marcha en 2021. Eso sí, «a costa en gran medida de servicios de bajo coste dirigidos a los dependientes de grado I», asegura.
De enero a junio hay tasas de variación positiva en todos los indicadores: se han recibido 1.444 nuevas solicitudes, se han resuelto 1.451, hay 1.226 personas más con el derecho reconocido y se han elaborado 512 nuevos planes individuales de atención (PIA). Como consecuencia, el número de personas en el denominado «limbo de la dependencia» (con el derecho reconocido pero aún sin ayudas) se incrementa en 1.198 (un 2,5% más que en diciembre, hasta un total de 6.470) y otras 3.563 (+218) están pendientes de valorar. De estas últimas, aproximadamente la mitad son personas que ya estaban en el sistema y han solicitado una revisión de grado al empeorar su situación.
Retraso en los fondos
«Es un ritmo importante, aunque todavía no estamos satisfechos», dijo ayer al respecto el consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles. En rueda de prensa, reconoció que el plan de choque no ha tenido aún el impacto esperado porque aunque se aprobó a comienzos de 2021, los fondos no llegaron hasta mitad de año. No obstante, sí destacó que desde enero de 2021 a junio de 2022 se ha conseguido rebajar la espera para ser valorado en cinco meses y en seis en el caso de la negociación del PIA. Añadió además que se han valorado 52.343 personas de las casi 56.000 que lo han solicitado (el 93%), y que el 71%, más de 37.000, ya reciben sus prestaciones. «La gente sigue confiando en el sistema», aseguró.
El último informe del Ministerio de Derechos Sociales vuelve a llamar la atención sobre el «abuso inexplicable» que en Extremadura se hace de la prestación vinculada al servicio: una cuantía económica que ayuda a sufragar el coste de la atención al dependiente, que la familia busca por su cuenta. Es la prestación que reciben el 51% de los usuarios, frente a solo el 11% nacional.
«Esta prestación, si no está regulada, supone un copago importante. Y las empresas pueden rechazar a los dependientes más conflictivos o con patologías duales», alerta José Manuel Ramírez. Un ejemplo: la prestación vinculada a una plaza en una residencia tiene una cuantía media de 442 euros al mes para dependientes de grado II y 551 para grado III. «A todas luces insuficientes para las necesidades», asegura.
Sobre este punto, José María Vergeles reconoció ayer que el peso de la prestación vinculada al servicio en Extremadura es excesivo y aseguró que dentro de ese plan de choque se trabajará para que en lugar de un cheque, al dependiente se le pueda ofrecer un servicio público. H
