El juzgado de Valencia de Alcántara deniega a los padres de Imane Saadaoui, la joven de 30 años asesinada por su marido la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre en esa localidad cacereña, trasladar su cuerpo a Marruecos. La jueza que se encarga de instruir el caso de violencia de género ratifica así la providencia que dictó al inicio del proceso judicial en la que prohibía la repatriación de los restos por si era necesario exhumarlos para practicar más pruebas en el seno de la investigación que está en curso. Pero los padres de la fallecida, que residen en Marruecos, quieren enterrarla cuanto antes y han solicitado al juzgado a través de un escrito que les deje trasladar a su hija.
Ante esta situación la jueza dio traslado de esta petición al Ministerio Público para que se pronunciara al respecto, que se opuso también a que el cuerpo pueda ser llevado a Marruecos, así como a que sea embalsamado o incinerado. En definitiva, se opone a que se practique cualquier actividad sobre los restos “que impida una segunda autopsia”, en el caso de que sea necesario. Es la práctica habitual cuando se trata de una muerte violenta, porque es la única manera de asegurar que el cuerpo del fallecido permanece intacto en el caso de que haya que realizar más diligencias. No obstante, el juzgado sí permite a los padres enterrarla en algún lugar de España, por eso les ha conminado a que decidan sobre la recogida de los restos del Instituto de Medicina Legal de Cáceres.
Por otro lado, la Junta de Extremadura ya ha formalizado su personación en el caso como acusación particular, tal y como se contempla La ley 8 / 2011 de Igualdad entre hombres y mujeres y contra la violencia de género. En su artículo 82 se reconoce que “en los supuestos de delitos más graves […], que causen alarma social, que se dirijan contra alguna víctima extremeña, o en aquellos supuestos en que el interés público así lo requiera, con independencia de la personación de la propia víctima o sus herederos y herederas, la Junta de Extremadura podrá personarse para ejercer la acción popular”. Se trata de una figura procesal que posibilita la acción penal sin ser el directamente ofendido por el delito y puede ser ejercida por cualquier persona física o jurídica.
"Un caso tan sangrante"
La directora general del Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX), Estela Contreras, se ha referido también este miércoles a este asunto y ha asegurado que la normativa lo permite en un caso “tan sangrante” como el acontecido en Valencia de Alcántara. El Ejecutivo regional, ha añadido, “ha dado este paso ante el convencimiento de que se está tramitando la acción popular frente a un hecho como este asesinato machista”.
No es la primera vez que el Ejecutivo autonómico se persona en un proceso de violencia de género. Ya lo hizo en 2013 cuando una mujer de 69 años fue asesinada por su marido, de 78, en Villafranca de los Barros, que además tenía una orden de alejamiento. Y en 2015, cuando una joven de 23 años fue asesinada por su pareja, de 24, mientras regresaban a Madrid. La tiró de una furgoneta en marcha en la autovía A-66, después de haber estado vendiendo en el mercadillo de Cáceres. Y lo vuelve a hacer ahora, con la muerte de Imane. La Junta quiere tener así un papel más activo en los casos de violencia de género en la región.
Por su parte la defensa del autor confeso de los hechos, Badr Saadaoui, que ejerce su representación mediante el turno de oficio, está preparando un recurso de apelación a la Audiencia Provincial de Cáceres contra el decreto de ingreso en prisión y para solicitar su puesta en libertad.
