«Solicito que, si me encuentro en alguno de los supuestos clínicos previstos en la Ley de regulación de la eutanasia, se me facilite la prestación de ayuda para morir conforme a lo dispuesto en ella». Son las frases que, asociadas a una casilla, aparecen en el impreso de instrucciones previas (conocido habitualmente como testamento vital) que está colgado de la web del portal de salud del Principado de Asturias.
Las instrucciones previas (denominadas en el caso de Extremadura expresión anticipada de voluntades) son un documento en el que el interesado revela de forma anticipada las instrucciones acerca de los tratamientos médicos que quiere que se tengan en cuenta cuando se encuentre imposibilitado para manifestar personalmente sus deseos. Además de la asturiana, otra decena de comunidades autónomas recogen ya en igual o parecidos términos en este documento el derecho a solicitar la prestación de ayuda para morir. Un derecho nacido en junio de 2021, con laentrada en vigor de la Ley orgánica de regulación de la eutanasia.
Extremadura es una de las seis regiones donde aún no se ha incluido esta posibilidad, algo que de momento no se contempla hacer, según se informa desde la Consejería de Sanidad extremeña. Fuentes de este departamento apuntan que el formulario fue «realizado antes de que se aprobara la ley» y que, si bien «no existe la opción expresa de deseo de acogerse a la prestación de la ayuda a morir», «eso no quiere decir que se impida incluir [esta petición] en el sobre cerrado que acompaña el formulario de la solicitud en el que la persona dice lo que quiere que se haga en los casos señalados».
«Es la explicación que se da en algunas comunidades, que se puede incluir, pero en nuestra opinión no es suficiente. La ley dice que se debe divulgar ese derecho entre la ciudadanía y los profesionales y una manera de hacerlo es decir expresamente en este documento que se puede solicitar», considera Javier Velasco, presidente federal de la Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), que en general califica el documento extremeño de «muy deficitario». «Todo está abierto. No pone apenas nada. Cuando puedes escribir lo que quieras, seamos realistas, la mayoría de personas no saben qué poner», alega. En muchas ocasiones se trata de derechos que «ni conocen», añade.
«Mi interpretación es que hay comunidades autónomas, o los equipos encargados en ellas de desarrollar la ley, que no acaban de creérsela. Las leyes se quedan en papel mojado si no se divulgan y se facilita el acceso a la información a la ciudadanía para que hagan uso de sus derecho», razona.
«La ley dice que se debe divulgar ese derecho entre la ciudadanía y los profesionales y una manera de hacerlo es decir expresamente en este documento que se puede solicitar»
En muchos de los formularios autonómicos de instrucciones previas se remarca que se trata de textos orientativos, mientras que otras administraciones regionales imponen los suyos. «Nosotros defendemos que sean orientativos, pero es verdad que hay documentos de comunidades que están bastante bien», reconoce el presidente de DMD. En cuanto a las voluntades relativas a la Ley de eutanasia, la redacción que se da varía entre las diferentes autonomías. Galicia, por ejemplo, concreta los supuestos recogidos por la ley (sufrir una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante en los términos establecidos en la norma), mientras que el de Madrid presenta esta casilla pero también la que posibilita expresar la postura contraria (no querer que se aplique la prestación). «Es mi voluntad evitar todo tipo de sufrimiento y morir de forma rápida e indolora de acuerdo con las buenas prácticas médicas», se indica en Cantabria. En cuanto a la Comunidad Valenciana, precisa en el texto que «en caso de duda, la persona nombrada representante será la que interprete mi situación como «sufrimiento grave e imposibilidad».
A juicio de Mariano Casado, profesor de Medicina Legal de la Universidad de Extremadura, la ausencia de referencias a la ley de eutanasia en el documento de expresión anticipada de voluntades extremeño «es una irregularidad». Lo cree porque la misma normativa estatal «establece» que, si un paciente quiere ser sometido a la práctica de la eutanasia cuando se cumplan los criterios fijados, «debería hacerse constar en el propio documento». No obstante, puntualiza que en el formulario «hay unos renglones en los que tú puedes incluir eso y otras muchas cosas más» y también que se trata de un impreso que «está hecho para que se cumplimente conjuntamente con el médico, que es el que te va orientando e informando».
Solo una eutanasia en Extremadura en el primer año de la ley que regula el derecho a morir
En Extremadura apenas un 0,25% de la población (2.647 personas) tiene actualmente activas sus instrucciones previas. Es la comunidad autónoma con una tasa más baja, menos de una tercera parte que la nacional, y eso que esta se mueve también en niveles muy bajos (0,83%).
«Hay que aumentar la concienciación, pero no solamente entre los médicos, que muchas veces no la tienen a la hora de favorecer la cumplimentación de este documento, sino también entre los propios pacientes», defiende Casado, que lamenta que aún perviva la idea de que quienes tienen que tramitar las instrucciones previas son solo aquellos que ya padecen alguna enfermedad grave.
«Hay que aumentar la concienciación, pero no solamente entre los médicos, que muchas veces no la tienen a la hora de favorecer la cumplimentación de este documento, sino también entre los propios pacientes»
«Influye que la administración no lo divulga, ni le da importancia, pero también otros factores, como el que en nuestra sociedad el tabú de la muerte es mucho mayor que en sociedades europeas nórdicas», sostiene por su parte Velasco. «Si no se divulga, la población no sabe que tiene ese derecho ni hace uso de él», insiste, a la vez que pone de ejemplo a Navarra, que supera ya el 2% de población con instrucciones previas. «Y eso es porque han hecho muchas campañas de divulgación», afirma.