Solo una eutanasia practicada en Extremadura desde que entró en vigor la ley que la regula. La norma, que garantiza el derecho a morir dignamente, se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 25 de junio del año pasado, aunque Extremadura necesitó cinco meses más para ponerla en práctica, hasta que constituyó la Comisión de Garantía y Evaluación, encargada de estudiar cada caso en concreto. En todo este tiempo, según la información facilitada por el Servicio Extremeño de Salud (SES), la región solo ha practicado un suicidio asistido (tramitó otra solicitud pero la persona, de 91 años, falleció antes de que se aprobara).
Con estos datos Extremadura se sitúa a la cola en la aplicación de esta norma. A falta de que La Rioja haga públicos los suyos, la extremeña es la región en la que menos se han practicado. Le sigue Castilla y León (2), pero en esta comunidad hay otros siete casos en estudio. Desde la asociación Derecho a Morir Dignamente lo achacan a la gestión que el SES ha realizado de esta nueva ley. «Hay que plantearse qué está ocurriendo, si al 80% de la población le parece que la ley está bien no es lógico que en Extremadura nadie se lo plantee», afirma el vicepresidente del colectivo, Fernando Marín.
«No es que los extremeños no sufran -agrega- sino que la Junta de Extremadura no ha hecho su trabajo». Se refiere a que falta un protocolo, así como formación a los profesionales, que deben contar con médicos referentes. Estos últimos, además de practicar las eutanasias, apoyan a los compañeros que también las realizan. Esta figura ya existe en Cataluña y País Vasco, dos de las comunidades que más eutanasias han practicado en este primer año (60 y 25, respectivamente). «Las administraciones tienen que buscar profesionales que estén dispuestos a ser referentes en eutanasia, pero en Extremadura no se ha hecho nada», incide el vicepresidente de esta asociación.
La carga de trabajo y el volumen de pacientes que atienden los médicos en Extremadura es otra de las razones que barajan desde Derecho a Morir Dignamente para que la ley haya tenido tan poca cobertura hasta ahora. «Es importante cuidar a los profesionales, hay que liberar las agendas de los médicos para que puedan dedicar el tiempo que necesiten a esta prestación», insiste Fernando Marín. Esta tensión en los servicios sanitarios, de hecho, es una de las razones que llevan a los facultativos a presentar una objeción de conciencia, más allá de por razones ideológicas. Este colectivo lo define como «objeción de conveniencia», es decir, el profesional se declara objetor de conciencia para no asumir más trabajo del que ya tiene. El SES, no obstante, no facilita datos ni de médicos objetores ni dispuestos a practicar suicidios asistidos, «por confidencialidad».
En todo el territorio nacional 180 personas han ejercido su derecho a la eutanasia en estos primeros doce meses, de las que 22 han donado además sus órganos, con los que se han conseguido realizar 68 trasplantes. «Es la celebración del primer año de vida de un derecho que nos dignifica como seres humanos y como sociedad», destacó ayer la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en un acto celebrado en la sede del ministerio por este aniversario, en el que destacó que se trata de una prestación sanitaria que permite acceder con más garantías «a uno de los bienes más valiosos de la condición humana: la voluntad y la dignidad».
40 días de trámites
Desde Derecho a Morir Dignamente piden más celeridad a la hora de tramitar las solicitudes. De media, desde que una persona presenta su petición para someterse a una eutanasia hasta el fallecimiento asistido, pasan 40 días. Esto supone que en muchas ocasiones el paciente fallece antes de conseguir el visto bueno a su solicitud, tal y como ocurrió en Extremadura con la primera petición que tramitó.
Para poder solicitar una eutanasia la persona debe padecer un sufrimiento psíquico o físico constante e intolerable por una enfermedad grave e incurable o crónica e imposibilitante. La petición puede hacerse a cualquier médico (lo habitual es que sea el de confianza, pero puede ser cualquier colegiado). Si acepta la ayuda, se convertirá en el ‘médico responsable’ y comenzaría la tramitación (si el médico se niega, debe comunicárselo a su superior).
Hay un primer proceso deliberativo (de unos 15 días), tras el que se ha de presentar una segunda solicitud ante el mismo facultativo, en la que se firma la voluntad y el consentimiento informado. Luego un médico consultor estudia el caso y, si el informe es favorable, se presenta a la Comisión de Garantía y Evaluación, en la que otro médico y un jurista vuelven a analizar la historia.
Si cumple los requisitos, será el paciente el que decida cuándo, dónde y acompañado de quién quiere morir. «Son personas que quieren terminar porque ya no pueden más, a veces ni si quiera se creen que les vayan a ayudar a morir», dice Fernando Marín. Es como una anestesia. Primero se adormece al paciente y se le inyecta propafol (un anestésico), con el que deja de respirar. Y de sufrir.
Los pacientes de cáncer optan por paliativos
El 100% de los pacientes que atiende la Asociación Española Contra el Cáncer (Aecc) de Cáceres ha optado por los cuidados paliativos. Desde que entrara en vigor la ley de eutanasia, hace un año justo hoy, ningún enfermo se ha dirigido al colectivo para solicitar información sobre el suicidio asistido. Una de las razones es el «buen» funcionamiento de los cuidados paliativos en la región, según indican desde la propia asociación, ya que se presta en las ocho áreas de salud de Extremadura. «Al verse los pacientes bien atendidos puede ser una de las causas de que no haya habido mucha demanda de esta ley», dice una de las psicooncólogas de la Aecc, Carmen López, que trabaja en la planta de cuidados paliativos del hospital San Pedro de Alcántara de la capital cacereña.
En la unidad se intenta aliviar a los enfermos el sufrimiento físico y atender sus necesidades psicológicas y sociales. «Al tener todo cubierto hace que el paciente y la familia estén tranquilos», afirma López. Muchos, asegura, «llevan años» en esta unidad y consiguen tener «una buena calidad de vida» durante todo el proceso. «Cada vez hay mejores tratamientos. Se intenta que el paciente tenga aliviado el dolor y para ello se le realiza un seguimiento constante», añade López. Estos tratamientos pueden ofrecerse tanto en el hospital como en casa.
De los países donde se regula la ley de eutanasia, España es en el que menos pacientes oncológicos la solicitan. «En Bélgica, Holanda, Canadá,... dos tercios de los que la piden son enfermos terminales de cáncer, pero aquí son menos del 40%», comenta el vicepresidente de Derecho a Morir Dignamente, Fernando Marín. Esto es así, insiste, porque existe «una confusión deliberada» con estos tratamientos. «Te dicen que te van a ayudar a aliviar tu sufrimiento, pero la eutanasia es un proceso diferente, hay gente que no quiere llegar a la última fase, que es la sedación y esto hay que aclararlo», insiste Fernando Marín.
