El Servicio Extremeño de Salud (SES) ya ha recibido la primera petición para aplicar la ley de eutanasia y suicidio asistido en la región. No obstante, el proceso se tuvo que interrumpir sin llegar a término porque la persona murió antes de que se cerrara el trámite. «La solicitud había recibido la certificación del médico responsable y del médico consultor. Pero debido al fallecimiento, no se requirió la verificación de la Comisión de Garantías y Evaluación», explican desde la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta. El proceso al completo puede durar en torno a los 40 días.

De este modo, la ley que garantiza el derecho a morir dignamente ya está activa en Extremadura. A nivel nacional, la normativa entró en vigor oficialmente a finales de junio, pero después cada comunidad autónoma debía constituir su propia Comisión de Garantía y Evaluación para estudiar cada caso concreto. La región ha tardado cuatro meses en crearla, pero los mecanismos ya funcionan. 

Asimismo, la propia normativa lleva implícito la creación de un registro de sanitarios de objetores de conciencia. Ese listado está creado ya en Extremadura, pero desde el SES no han querido facilitar cuántas personas forman parte del mismo por una cuestión de «confidencialidad».

Habría que recordar que esa objeción de conciencia debe manifestarse anticipadamente y por escrito, tal y como recoge el decreto publicado para aplicar esta ley en la comunidad. Y que además, el sistema debe velar porque las posibles renuncias no interfieran en la opción de los pacientes a acogerse a este derecho.

De carácter multidisciplinar

Esa Comisión de Garantía y Evaluación tiene carácter multidisciplinar y está compuesta por siete miembros entre los que se incluyen personal médico, de enfermería y juristas. La preside el psiquiatra Ignacio Torres Solís. El papel de este organismo es, básicamente, decidir sobre las peticiones de los pacientes.

A nivel nacional ya se conocen varios casos en otras comunidades autónomas (como Valencia, Islas Baleares, País Vasco o Asturias) de personas que han solicitado la aplicación de la eutanasia y esta se ha llevado a cabo.

La aprobación de esta ley convirtió a España en el quinto país del mundo en regular este derecho. Cuando se aprobó en el Congreso obtuvo 202 votos a favor (PSOE, Podemos, BNG, ERC, JxCat, Más País, Bildu, PNV, CUP y Ciudadanos), 141 en contra (PP, Vox, UPN y Foro Asturias) y dos abstenciones.

Así, se unía a Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Canadá.