Gestación subrogada: El PSOE extremeño pide al Gobierno que se prohíba inscribir bebés de otros países

La gestación subrogada se ha vuelto a convertir en un debate abierto tras el caso de Ana Obregón, que a sus 68 años va a ejercer de madre de una bebé nacida en un vientre de alquiler en Miami. Los resquicios legales de la ley española permitirán que esa menor pueda ser inscrita en España, por lo que aunque en nuestro país se prohiba esta práctica, se mira para otro lado cuando los casos entran por la puerta de atrás. Y más allá de los famosos, son muchos los que existen. También en Extremadura.

No digan maternidad, llámenle explotación reproductiva

Las formaciones políticas a nivel nacional lanzaron este miércoles sus respectivas proclamas con respecto a este asunto. Y desde el ámbito regional también ha habido reacciones.

La portavoz y secretaria de Igualdad del PSOE de Extremadura, Soraya Vega, asegura que en su partido ya no hay debate alguno en cuanto al rechazo: «No es gestación subrogada, son vientres de alquiler, es alquilar el cuerpo de una mujer para satisfacer los deseos de terceras personas. Es una forma de violencia y de explotación de la mujer».

¿Por qué no se cambia?

¿Por qué entonces no se ha cambiado la norma en España para evitar que estos casos accedan desde otros países? Vega reconoce que ha echado de menos que esa modificación se haya puesto sobre la mesa en esta legislatura y por ello pide al Gobierno central que actúe en consecuencia:«Las empresas que mercantilizan con esta práctica, que hacen de intermedias, se sirven de este tipo de ventajas», subraya Vega. Y añade: «Nuestro país no puede ser cómplice y debemos trabajar en un marco legislativo».

Asimismo, la portavoz regional del PSOE pone el foco en el componente clasista con que se afronta la gestación subrogada en la comparación entre la imagen de Ana Obregón y el matrimonio de Don Benito. Más allá de que en el primer caso es portada de una revista y en el segundo los implicados han terminado en los juzgados, si el nivel económico es mayor el tratamiento es distinto.

Por su parte, la presidenta del PP extremeño, María Guardiola, expresa: «Este debate hay que tomarlo con mucho sosiego y no desde posturas que enseñen solo una parte de la realidad, o motivado por un hecho concreto de la actualidad».

«Considero que el cuerpo de la mujer -continua- no puede ser un negocio y por tanto creo que ese debate social no cabe bajo premisas que mercantilizen a las mujeres». Del mismo modo apunta a que «hay que escuchar a los expertos».

¿Si está de acuerdo con la propuesta de su partido a nivel nacional a abrir la puerta a una posible regulación de los vientres de alquiler? Guardiola no se pronuncia al respecto.

¿Altruista y garantista?

Desde Cs, en un comunicado de la formación extremeña, indican: «Siempre hemos estado al lado de una regulación que asegure que sea altruista y garantista, respetando los derechos de todas las partes implicadas y evitando cualquier tipo de subordinación, económica o de otro tipo, de la gestante». La principal crítica que se hace a este argumento es la ‘falsa libertad’ de las mujeres y que en casi todos los casos proceden de situaciones económicas vulnerables. Prosiguen desde Cs: «Es necesario legislar y regular y no prohibir como solución de todo. Las familias de nuestro tiempo son diversas, y no debemos negarnos a la evidencia sino trabajar por adaptar nuestra legislación a la esta realidad».

Su propuesta es el límite de edad en 45 años (el mismo que existe para la adopción) no es otra que la desigualdad.

Por último, desde Unidas por Extremadura (Podemos) lanzan: «Ser padres o madres no es un derecho. La gestación subrogada es una práctica deleznable que sigue precarizando a las mujeres que se encuentran en una situación vulnerable».

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