Extremadura rebaja las ratios a 22 alumnos por la caída de la natalidad

Extremadura rebajará las ratios de las aulas de tres años, que pasarán de un máximo de 25 a 22 alumnos por la caída de la natalidad. El cambio entrará en vigor en septiembre y se aplicará con el desdoble de aulas o incorporando un docente más en los centros en los que no haya espacio. Se comenzará con el primer curso del segundo ciclo de Infantil, con el objetivo de que en el año 2025/2026 esté implantado ya en toda esta etapa. 

La medida se recoge en el Acuerdo para la Mejora de la Educación en Extremadura, un documento que la Junta y los sindicatos docentes han venido trabajando en el último año pero que «a última hora» no ha contado con el respaldo de ninguno de ellos por discrepancias en torno a la reducción de las horas lectivas en Primaria y la presencialidad en los centros en horario de tarde, informa Efe.

«Creo que es un error», ha dicho al respecto la consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez. En rueda de prensa este viernes junto al secretario general de Educación, Francisco Javier Amaya, defendió este acuerdo como «un avance» para el sistema educativo ya que a su juicio, responde a las necesidades de los centros. «Es un documento muy potente, un alivio para todos ellos», afirmó. El acuerdo se materializará en un reglamento de organización y funcionamiento propio para Extremadura, que hasta ahora ha estado aplicando el nacional.

10.000 alumnos menos desde 2015

Uno de sus objetivos es aprovechar el descenso de la natalidad (el sistema educativo ha perdido 10.000 alumnos desde 2015) para mejorar el funcionamiento de los centros, y otro adaptarse a los cambios de currículo y método que impulsa LOMLOE. Así, se reducirán las ratios máximas de 25 a 22 alumnos en centros públicos y concertados, comenzando en septiembre con los de tres años. 

Se establece además la reducción de las horas lectivas en Primaria de 25 a 24 semanales en el próximo curso y de 24 a 23 en el siguiente, uno de los principales motivos de discrepancia expresada precisamente por los sindicatos, que pedían su aplicación completa el próximo curso. 

También como novedad, se reducirán las horas lectivas de los equipos directivos para dedicarlas a sus labores burocráticas. En los institutos con más de ocho ciclos de FP habrá un jefe de estudio adicional, y en los centros de tres líneas se nombrará un jefe de estudio adjunto. 

En la escuela rural (el 65% del total) los centros podrán contar con secretario a partir de cinco unidades y no seis como ahora, y los centros rurales agrupados tendrán equipo directivo completo a partir de seis grupos y seis sedes.

En el campo de la inclusión educativa, el acuerdo establece más tiempo para las labores de orientación educativa en los institutos de más de 20 unidades y que los centros de Infantil y Primaria amplíen de forma progresiva la presencialidad de los orientadores en los centros. Además, se incrementarán las horas en Primaria y Secundaria para proyectos de innovación y coordinaciones.

Sin respaldo sindical

Junto a la reducción de las horas lectivas en Primaria, la segunda línea roja de los sindicatos ha sido las dos tardes de presencialidad de los docentes de Primaria: las organizaciones pedían su supresión y la Junta se ha mostrado dispuesta a abordarlo «en un futuro próximo», pero no el próximo curso porque no ve suficientes garantías para llevarlo a efecto.

«Las 23 horas lectivas y la supresión de las tardes eran peticiones más que justas que no implican ningún costo económico, por lo que no entendemos la negativa a aplicarlas», apunta el sindicato PIDE, que considera que el acuerdo lanzado por Educación es insuficiente. «El docente de Infantil y Primaria es tratado una vez más como el hermano pobre del funcionariado docente», lamenta el colectivo. 

En la misma línea se expresó Anpe, que apunta que «la enseñanza pública y especialmente su profesorado esperaban un mejor acuerdo». Dice que la reducción de las ratios se queda corta (pedían 15 alumnos en Infantil, 20 en Primaria y 25 en ESO y Bachillerato) y pide mejoras económicas como el cobro de todas las tutorías o la equiparación salarial con el resto del país. CSIF, por su parte, también cree que «se ha perdido una oportunidad inmejorable para compensar y equiparar las condiciones a otras regiones».

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