Técnicos de atención a las familias reclaman estabilidad y más fondos

«Somos un servicio especializado y solo queremos que se nos valore como tal». Los técnicos del Programa de Atención a Familias (PAF) se han plantado ante la Junta de Extremadura para reclamar más dotación presupuestaria y una mejora de sus condiciones laborales, que consideran un agravio comparativo respecto a las de los trabajadores de los servicios sociales de base o los programas de Igualdad. Son aproximadamente un centenar en toda la región, psicólogos, trabajadores y educadores sociales que trabajan con familias en situación de crisis o vulnerabilidad social y menores en desamparo o en riesgo físico, psicológico o social. 

«Supervisamos a las familias, emitimos informes, coordinamos las medidas judiciales o educativas con los colegios...», explica Sonia López, educadora social y portavoz de la Plataforma en Defensa de los Programas de Atención a las Familias y de la Infancia y la Adolescencia. «Somos los pies y las manos del servicio de protección de la Junta, nosotras estamos en el día a día de los menores», añade para remarcar la importancia de su labor. 

"Somos un servicio especializado y solo queremos que se nos reconozca como tal", dicen los afectados

Los afectados se han unido en esta plataforma, que nace «de forma autónoma y sin colores políticos» para aunar esfuerzos. «Nuestra única finalidad es alcanzar de manera urgente unas condiciones laborales dignas que repercutan de manera directa en la protección real de los derechos de los niños y adolescentes», dicen. Sus principales reivindicaciones son dos: un aumento de los fondos que la Junta de Extremadura destina al Programa de Atención a las Familias y un cambio normativo que garantice su estabilidad. 

Los PAF se pusieron en marcha en el año 2.000 y dependen de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, que va sacando convocatorias de subvenciones para que las mancomunidades y los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes presten el servicio. Los trabajadores son mayoritariamente psicólogos y educadores sociales, aunque también entran trabajadores sociales. Dependiendo de la población, cada oficina cuenta con dos o tres técnicos.

Retrasos

El problema, denuncian, es que cuando la Junta no cumple con los pagos en tiempo y forma, el dinero tiene que ser adelantado por estas administraciones de sus ingresos propios. ¿Y qué ocurre cuando no pueden asumir ese gasto? Según López, es «lo que pasa en la mayoría de los casos y la respuesta es sencilla»: despidos, retrasos en el cobro de las nóminas e incluso la interrupción de los programas. «Los menores y las familias quedan expuestos a situaciones de mayor vulnerabilidad y sin la atención necesaria, y los profesionales sufrimos una precaria situación laboral que, al final, redunda en la calidad de la atención», afirma. 

Para evitar estas situaciones, exigen a la Junta un cambio de modelo normativo: pasar de las subvenciones a la firma de convenios o conciertos, fórmulas que ya se utilizan por ejemplo con los Servicios Sociales de Base o los programas de Igualdad, «que se tramitan con más rapidez y agilidad». Piden además unos salarios justos y acordes a su categoría profesional, la misma que las de los trabajadores sociales de base, con un salario regulado por ley. Sin embargo, los técnicos de los PAF llevan «10 años cobrando lo mismo», a lo que se añaden diferencias de hasta 500 euros mensuales en función de la zona, porque las más pequeñas no complementan las cuantías que aporta la Junta. 

Para poner fin a esta disparidad y mejorar la atención, en última instancia reclaman al Ejecutivo un aumento de las partidas presupuestarias destinadas a los PAF, pues según López, con los recortes que se aplicaron en el año 2012 el presupuesto bajó un 37% sin que a día de hoy se haya recuperado. 

La plataforma se ha reunido varias veces con la Junta para exponer su problemática y aunque aún queda camino por recorrer, ya han logrado dos avances: que la última convocatoria de subvenciones abarque tres años en lugar de dos (8,8 millones para 2022, 2023 y 2024) y que todos los contratos se realicen a jornada completa. 

Pero sigue sin ser suficiente. «Tras más de 20 años de servicio, los PAF aún no gozan de la valoración necesaria para ser un recurso fuerte, estable y, en consecuencia, garante de calidad en la prestación de apoyo y ayuda a los menores y las familias», lamenta el colectivo.

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