Ninguno de los siete acusados en el caso UPA entrará en prisión tras un acuerdo

Punto y final a un pleito que ha durado casi siete años. El Ministerio Fiscal y la defensa de los siete acusados en el caso del fraude de las subvenciones por parte de la organización agraria UPA-UCE han firmado un escrito de conformidad por el que ninguno de ellos entrará en prisión. A tenor de este acuerdo, el secretario general de UPA, Ignacio Huertas, y el de organización, Maximiano Alcón, han sido condenados a la pena de dos años de cárcel y al pago de una multa de 12 euros durante nueve meses por un delito contra la hacienda pública de subvenciones, en concurso medial con otro de falsedad documental.

Ordenan la apertura de juicio oral contra los dirigentes de UPA-UCE

Para los trabajadores Gervasio Martínez (director del proyecto técnico de las subvenciones) y Juan Manuel Apolo (considerado el contable de la organización), la pena es de un año y tres meses de prisión, además de fijarse el pago de 12 euros de multa durante cinco meses. Asimismo, se establece una responsabilidad civil para UPA, como responsable a título lucrativo, de 500.000 euros, que se deberán hacer efectivos en un plazo de 10 años, aunque la organización ya ha adelantado 100.000 para que se pudiese aplicar la atenuante de reparación de daño y se viese su voluntad de hacer efectivo esos importes.

Por su parte, se han retirado las acusaciones contra los otros tres miembros de la Comisión Ejecutiva: Miguel Leal (exsecretario de organización), José Cruz (secretario de Acción Sindical) y María Antonia Alcalá (vicesecretaria general). Estaba previsto que el juicio oral se iniciase el próximo mes de septiembre, con más de 100 testigos y una duración aproximada de tres meses. Así lo han dado a conocer este lunes, en rueda de prensa, los abogados que han representado a las partes involucradas.

El letrado de UPA-UCE, Pedro González, ha recordado que el proceso judicial arrancó en 2016 con un "sorpresivo", y en parte "excesivo", registro en la sede de la organización por la presunta gestión fraudulenta de las subvenciones destinadas a los agricultores entre los años 2011 y 2015. Esta intervención estaba enmarcada en la 'Operación Tellus' desarrollada por la Guardia Civil. Durante los primeros meses de la investigación, Huertas y Alcón pasaron 103 días en prisión preventiva.

La instrucción del proceso finalizó en enero de 2021, con un único escrito de acusación por parte de la Fiscalía. En él consideraba que UPA-UCE creó un entramado que le permitiera “apoderarse de la totalidad de las subvenciones comunitarias por asesoramiento de manera rápida, eficaz y minimizando los costes económicos”. Esto le llevó a gestionar 4.342 expedientes de solicitud, por los que se hizo con 4,3 millones que destinó a la propia organización, a través de lo que en la investigación se calificó como un «carrusel financiero».

En concreto, el Ministerio Fiscal solicitaba hasta 16 años de prisión y una multa de 33 de millones para Huertas y Alcón como máximos responsables del entramado; hasta 10 años y cuatro meses de cárcel para Leal, Cruz y Alcalá; 9 años y 6 meses para Martínez; y hasta seis años para Apolo. A todos ellos, les consideraba autores de los delitos de fraude en subvenciones, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Para las defensas, las penas solicitadas por el fiscal eran "absolutamente desproporcionadas" y hacían "un relato de los hechos que no coincidía con la realidad". Según González, ha quedado probado que las ayudas de asesoramiento a los ganaderos se prestaron, aunque pudo haber alguna irregularidad "porque la firma en alguno de ellos no se hizo por el técnico correspondiente" o por el hecho de que faltara "alguna tramitación en el procedimiento". "Irregularidades desde nuestro punto de vista menores y que no debieron alcanzar la consideración de ilícito penal", ha subrayado.

En este sentido, el letrado ha señalado que los inculpados reconocen, por consejo de sus abogados, que pudo haber alguna irregularidad, pero en el escrito de conformidad queda "absolutamente claro que ni el secretario general ni el de organización, ni ninguno de los miembros de la Comisión Ejecutiva, percibió ningún beneficio y que la única beneficiaria, de haber existido algún beneficio para la organización, es la propia UPA por contribuir al complemento de su financiación y al desarrollo de sus actividades".

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