La Junta quiere que el Gobierno mantenga la presa de Valdecaballeros

El Gobierno de la Junta de Extremadura presidido por María Guardiola se opone de manera frontal a la demolición de la presa de Valdecaballeros (Badajoz), tal y como planteó el pasado mes de marzo el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en la actualidad en funciones, a través de una resolución de la Dirección General del Agua en la que se acordaba la demolición de la presa y la restitución de los terrenos a su estado original. Se indicaba que Endesa e Iberdrola, como propietarias, debían costear el derribo y presentar un proyecto para el derribo en un plazo de seis meses, que cumplió en septiembre.  

Los vecinos de Valdecaballeros y Castilblanco, municipios que se abastecen del agua del embalse, mostraron su rechazo a la destrucción de la infraestructura hidráulica y el anterior Gobierno regional socialista se puso de su lado. También se posicionaron en contra del derribo PP, Unidas por Extremadura y Vox, que por aquel entonces estaban en la oposición, ya que el PSOE gozaba de mayoría absoluta en la Asamblea. De hecho, este asunto entró de lleno en la campaña electoral de los comicios autonómicos. Por contra, las asociaciones ecologistas fueron las únicas que apoyaron la demolición.

La Junta presentó el 2 de mayo un recurso de alzada ante el ministerio dirigido por Teresa Ribera basado en tres razones, que explicó el expresidente extremeño Guillermo Fernández Vara. En primer lugar, «el vicio del procedimiento», ya que la Junta no había sido consultada pese a ser parte interesada como titular de los terrenos. En segundo lugar, por razones ambientales «que son sobradas»: «Eso es de primero de Medio Ambiente». Y en tercer lugar, «porque nos hace falta para beber, los agricultores y los ganaderos».

A finales de ese mes, el Gobierno regional informó de que el ministerio consideraba «viable» cederle los derechos de concesión de aprovechamiento de aguas e iba a establecer la manera de articularlo. Esto garantizaría el mantenimiento de la presa, así como la viabilidad del abastecimiento a las localidades mencionadas. El plazo del ministerio para pronunciarse sobre el recurso era de tres meses, si bien, a preguntas de este diario sobre el estado de los trámites, desde el departamento de Ribera se han limitado a indicar que «no hay ninguna novedad al respecto».

Un recurso 'vital'

«Derribar una infraestructura estratégica es un error, y es lo que planteaba el Gobierno de España con la demolición de la presa de Valdecaballeros», trasladan desde la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible. «Consideramos que se trata de un recurso vital para Extremadura, y más en un contexto generalizado de escasez de agua», añaden. Hasta el momento, el Ejecutivo autonómico asegura que no ha recibido ninguna contestación relativa al recurso. La única respuesta que se conoce es una contestación del Comisario de Aguas del Ministerio, a un escrito del 29 de mayo enviado por la anterior vicepresidenta autonómica, Pilar Blanco-Morales. 

Según detalla la consejería de Mercedes Morán, en ese escrito «se solicitaba autorización especial para el uso del agua del embalse y se pone de manifiesto que los ayuntamientos afectados han solicitado también la concesión de aguas». «Solicitar el uso de la presa al ministerio (entendemos que con el objetivo de que no se ordenara el derribo), sin especificar, conlleva tener que asumir el mantenimiento, algo que no es propio de la Junta», aclaran. «Creemos que lo lógico y óptimo es que sea el ministerio quien dé ese mantenimiento, porque tiene los recursos para hacerlo dentro de la red del Guadiana, a través de la confederación hidrográfica», apuntan. 

En consecuencia, avanzan que el Gobierno extremeño está estudiando solicitar al Estado que se invierta en las obras del cierre de la presa (reparación del aliviadero), la automatización de las válvulas de desagüe de fondo, y que se mantenga por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadiana en lo sucesivo. De esta manera, consideran que «se podrían dar más usos a esta infraestructura». Sobre esta cuestión, cabe destacar que el punto 23 del acuerdo de gobierno rubricado entre el PP y Vox reza lo siguiente: «Paralizaremos por todos los medios posibles la demolición de la presa de Valdecaballeros». 

Sin noticias

La alcaldesa de Valdecaballeros, Mari Carmen Rodríguez, sostiene que no han recibido ninguna notificación por parte del Estado relativa al futuro del dique. Justifica esta falta de pronunciamiento con el hecho de que el Ejecutivo se encuentre en funciones: «Al no tener un Gobierno al que reportar información, todo está un poco parado». «Lo que estamos haciendo ahora, ante la imposibilidad de poder presentar documentación, es estar pendientes por si hubiera algún cambio o reclamo», advierte la regidora del partido Ciudadanos, que en las pasadas elecciones locales sustituyó al socialista Gregorio Rodríguez en el consistorio. 

A su juicio, la demolición de la presa supondría el desabastecimiento de agua del municipio. Rechaza tener que hacerlo desde el pantano de García Sola, al afirmar que «en época de verano baja y los puntos de enganche que hay se quedan sin agua, aparte de que la calidad del agua no tiene nada que ver». El otro motivo que esgrime para defender que se mantenga en pie la infraestructura es el impacto medioambiental que supondría para el entorno: «Tenemos varias especies protegidas que están en la zona, en un hábitat precioso que lleva 40 años gestándose con varios humedales». «Confiamos en que no se va a tirar la presa porque los argumentos son de peso, pero aun así vamos a luchar hasta el final», subraya. 

Cabe recordar que la presa se construyó para la refrigeración de la central nuclear de Valdecaballeros, pero nunca cumplió su función, al no ponerse en marcha la planta tras la moratoria nuclear de 1984. Las concesiones de aprovechamiento hidráulico se concedieron a Endesa e Iberdrola en 1982. En el año 2021, Endesa renunció a la concesión y la Confederación Hidrográfica del Guadiana tramitó su extinción. Según este organismo, una vez que se extingue una concesión automáticamente hay que restituir el dominio público hidráulico. Por ello, el ministerio para la Transición Ecológica publicó la resolución que establecía el derribo.

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