EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA (TJUE) INSTA A ESPAÑA A ACTUAR PARA SUPRIMIR LA TEMPORALIDAD
Extremadura, en alerta por el fallo que obliga hacer fijos a los interinos
Critica los procesos de estabilización. En la región afectaría a más de 5.500 empleados
La Junta lo estudiará y advierte que eliminar la precariedad es «un objetivo claro»
Empleados públicos atienden a ciudadanos en una oficina, en una fotografía de archivo. / EL PERIÓDICO
Nuevo varapalo al Estado español por el tratamiento al personal interino de las administraciones públicas. Este jueves se conocía la última sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que determina que España no ha legislado de la forma correcta para evitar el abuso que sufren estos trabajadores no fijos, por lo que insta a las administraciones públicas -estatal, autonómicas y locales- a establecer los cauces necesarios para materializar su fijeza. Una medida que en Extremadura podría afectar a más de 5.500 empleados, entre funcionarios interinos, laborales temporales y laborales indefinidos no fijos. Estos son los que dependen de la Junta de Extremadura, pero a ellos habría que sumar a los que dependen del Estado y de los ayuntamientos y mancomunidades.
No obstante, habrá todavía que estudiar en profundidad el fallo, pues hay juristas que entienden que la misma solo afecta únicamente a los interinos del personal laboral y no a los funcionarios interinos, pues la sentencia parte precisamente de la denuncia de tres personas que pertenecen a ese colectivo: dos llevaban trabajando para la Universidad de Educación Nacional a Distancia (UNED) con contratos temporales sucesivos desde 1994 y el otro, para la Agencia Madrileña de Atención Social de la Comunidad de Madrid desde el año 1998. El proceso comienza, precisamente, con un proceso judicial abierto por los tres contra la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la región madrileña.
«Los procesos de estabilización terminarán antes de diciembre. Dar seguridad jurídica a estos procesos es prioritario»
El propio abogado que ha asistido a los denunciantes, Javier Araúz, que lleva décadas litigando por este asunto, ha aclarado que esta sentencia afecta, de momento, «solo al personal laboral». Por el contrario, otras voces entienden que puede extrapolarse a todos los colectivos funcionariales. Lo que sí está claro es que el fallo, en palabras del letrado, «lleva necesariamente a la transformación en fijos de todos los empleados públicos que son víctimas de un abuso». Es más, la sentencia rechaza todas las medidas articuladas hasta ahora para intentar resarcir esta situación, como son la regulación de la figura del «indefinido no fijo, la posibilidad de una indemnización a la extinción del contrato o la convocatoria de procesos de estabilización», puntualiza Araúz.
«Lo que se necesita es que el Estado establezca unas directrices claras para reducir la temporalidad y que se agilice la estabilización»
Preocupan los procesos de estabilizacion
Esto último es lo que más preocupa en estos momentos, pues podría poner en duda los procesos de estabilización en marcha (este año están pendientes de convertirse en fijas 5.800 personas). En este sentido, la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, aseguró ayer que la Junta trabaja «día a día» para que el proceso de estabilización culmine antes de que finalice este año. Y que para el Ejecutivo regional «proporcionar seguridad jurídica» y «estabilizar» estos puestos constituye un «objetivo claro». No obstante, desde la Consejería indican además a este diario que los servicios jurídicos estudian con «detenimiento» la sentencia para conocer cómo podría afectar a la región.
«No puede haber interinos de primera e interinos de segunda; no puede ser que a unos se les indemnice y a otros no»
También la estudian los sindicatos. Desde CSIF, mayoritario en la administración general y en sanidad, exigen ante todo que los procesos selectivos «vayan apoyados de la máxima seguridad jurídica». «Hay muchísimos empleados públicos que no saben muy bien qué está ocurriendo, lo que se necesita es que se establezcan unas normas claras y directas y que se baje esa temporalidad», indica el presidente de esta agrupación sindical, Benito Román. Insta asimismo a «agilizar al máximo» esos procesos de estabilización y a que el Estado establezca «unas directrices claras para reducir la temporalidad», cifrada a nivel nacional en el 30% (el límite fijado por Europa es el 8%).
Desde Pide, por su parte, sindicato mayoritario en educación, se muestran por el momento más cautos; a la espera de estudiar a fondo la sentencia para conocer si puede extrapolarse a otros colectivos funcionariales. «Estudiaremos la sentencia para ver cómo puede afectar a educación, pero lo que está claro es que no puede haber interinos de primera e interinos de segunda. No puede ser que a unos se les indemnice y a otros no porque sería un agravio», apunta el vicepresidente de esta agrupación, Alfredo Aranda.
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