El Tribunal Supremo de EE.UU. rechazó hoy una apelación presentada para reactivar la parte más polémica de una ley contra la inmigración ilegal de Alabama que un tribunal de menor instancia revocó el año pasado.
En lo que es considerado una victoria política para el Gobierno de Barack Obama, el Supremo rechazó una apelación presentada por las autoridades de Alabama después de que un tribunal de apelaciones revocara una cláusula de la ley HB56 que sancionaba a quienes ocultaran, albergaran o transportaran a indocumentados.
El tribunal de apelaciones sí dejó en pie otras partes polémicas de la HB56, incluida la cláusula que permite a las autoridades policiales revisar el estatus migratorio de personas que sean detenidas por otras infracciones.
El Gobierno estadounidense interpuso una demanda, al igual que otros grupos cívicos y religiosos, contra la ley HB56, promulgada en 2011 y considerada una de las más duras contra los indocumentados en el país.
La Administración Obama argumentó que las leyes de inmigración federales priman sobre la estatal, y el tribunal de apelaciones, en dos dictámenes separados, le dio la razón.
Como suele suceder en este tipo de situaciones, el Supremo no explicó su decisión de rechazar la apelación de Alabama. El juez conservador Antonin Scalia estuvo en contra de la decisión del Supremo pero tampoco ofreció una explicación.
La ley de Alabama, que denuncia penalmente a inmigrantes indocumentados en Alabama, se inspiró en la ley SB1070 de Arizona, partes de la cual fueron anuladas por el Tribunal Supremo el año pasado.
Entre otros elementos, la HB56 exige que las escuelas públicas determinen el estatus migratorio de todos los estudiantes, y obliga a las empresas a que usen un programa federal para verificar el estatus legal de sus nuevos empleados so pena de multas.
Además de Alabama y Arizona, otros siete estados, entre ellos Georgia y Carolina del Sur, han adoptado leyes para combatir la inmigración de indocumentados.
Pero los grupos defensores de los inmigrantes han impugnado ante los tribunales la puesta en marcha de esas leyes en Georgia y Carolina del Sur.
