Los cinco 'flecos' pendientes para cerrar el pacto de asilo e inmigración de la UE

El tono de urgencia es el mismo entre los negociadores del Consejo --el órgano que representa a los gobiernos-- y del Parlamento Europeo que este jueves afrontan una nueva negociación clave para tratar de cerrar un acuerdo político sobre el conjunto de reglamentos que conforman el nuevo pacto de asilo e inmigración, uno de los paquetes legislativos más divisivos y complicados de los últimos años. De las nueve propuestas legislativas sobre la mesa cinco están todavía por cerrar, aunque fuentes de ambas instituciones aseguran que hay “conciencia” de llegar a un acuerdo antes de que termine el año con vistas a concluir el trámite legislativo antes de las elecciones europeas de junio de 2024.

“No encontrar una solución no sería bueno ni para los refugiados ni para los Estados miembros. Necesitamos encontrar un compromiso”, apuntan fuentes de la negociación. “Fracasar sería un golpe para el conjunto de la UE”, avisa otro alto cargo. Una palabra, "fracaso", que el ministro de interior español, Fernando Grande-Marlaska, desterraba esta misma semana de su vocabulario en Bruselas. Según Grande-Marlaska el acuerdo está cerca, quedan “flecos” por cerrar y las “diferencias” son pequeñas, aunque quedan los elementos más “sensibles” y lo más probable es que necesiten una nueva reunión para terminar de apuntalar el pacto, que negocian como un paquete indisoluble, la semana que arrancará el 18 de diciembre aunque el objetivo sigue siendo cerrar un acuerdo político en presidencia española de la UE.

¿Qué busca el pacto? Poner orden en la gestión migratoria y evitar que se repitan crisis de refugiados como la vivida en 2015 y los continuos tiras y aflojas entre los Estados miembros en el reparto de refugiados por medio de un marco jurídico que establece un procedimiento desde que llega el inmigrante a Europa hasta que las autoridades toman una decisión sobre la concesión de la protección o la expulsión. Para los países del sur lo importante es que los procedimientos sean eficaces y no sobrecarguen a las autoridades nacionales, para los del norte que haya un control más exhaustivo en las llegadas y se limite el riesgo de que cualquiera pueda entrar y moverse libremente por Europa. “Lo que espero del pacto es una reducción de las llegadas irregulares y un descenso de las solicitudes de asilo de quienes no necesitan protección internacional”, resumía esta semana la comisaria de interior, Ylva Johannson, sobre el objetivo de una propuesta planteada en septiembre de 2020.

Reglamento de control

Conocido como ‘screening’ es el marco que establece un examen rápido del perfil del solicitante de asilo, algo que ya se hace pero que no todos los Estados miembros han aplicado de forma igualmente efectiva. Se aplicará a todos los nacionales de terceros países que llegan irregularmente al territorio europeo. La idea es recabar información sobre su identidad, huellas dactilares, fotografía además de realizar un control de salud, seguridad y vulnerabilidad. Entre los elementos por cerrar está si este control se aplica también a las personas que son interceptadas en cualquier parte del territorio europeo tras eludirlo a su llegada a las fronteras exteriores y las garantías para los menores.

Reforma de Eurodac

Se trata de una base de datos a gran escala que ya existe desde el año 2003 y a la que tienen acceso los Veintisiete, Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein. Fue creada para aplicar el reglamento de Dublín, el mecanismo que establece los criterios para determinar qué país es el responsable de examinar una solicitud de asilo y que fija como norma el de primera entrada. La reforma amplía la base de datos, introduce nuevas categorías y mejora la forma de recabar los datos al pasar de solicitudes individuales a un recuento por solicitante. La idea es tener “una foto más clara” de quien está en Europa y quien ha pedido asilo ya aunque lo haya hecho en otro país.

Procedimiento de asilo

Actualmente ya existe una directiva para gestionar el procedimiento. Ahora se propone un reglamento para armonizar y reforzar cuestiones como los derechos de los solicitantes de asilo, la asistencia que reciben, el trato a los menores no acompañados o a las familias con niños y que entraría en juego una vez concluido el ‘screening’. La idea es garantizar que los recursos se concentran en los casos de personas susceptibles de recibir la protección internacional, acelerar el procedimiento de estas personas y evitar al mismo tiempo la saturación del sistema con un procedimiento acelerado que durará máximo 12 semanas (más otras 12 semanas para completar la expulsión). La Eurocámara quiere que los menores no acompañados y las familias con menores queden exentos de este mecanismo acelerado y sean objetivo del procedimiento de asilo normal.

Reglamento de gestión

Una vez presentada la solicitud de asilo entra en juego el reglamento de gestión que actualizará las reglas de Dublín. No obstante, en vez de cuotas obligatorias por país, como querían los países de primera línea en el Mediterráneo y se intentó tras la crisis migratoria del 2015, se establece un sistema de “solidaridad” a la carta. La idea es tener en cuenta otros criterios para valorar qué país es responsable de gestionar la solicitud de asilo, como si tienen familia o si han estudiado en otros países de la UE. El nuevo sistema establece un mecanismo voluntario de forma que los demás países podrán responder por tres vías: reubicando solicitantes de asilo --el objetivo es redistribuir a 30.000 al año--, pagando una contribución de 20.000 euros por persona que rechacen reubicar o con algún tipo de aportación para financiación personal, instalaciones o equipamientos técnicos. La Eurocámara era partidaria inicialmente de cuotas obligatorias pero se ha movido y aceptar una mayor flexibilidad.

Reglamento de crisis

Es la norma que se aplicará ante situaciones excepcionales, cuanto la presión migratoria repunta ante una llegada masiva como se vivió en la crisis de 2015, y el sistema de asilo se ve amenazado. En estas circunstancias, las autoridades nacionales podrán aplicar medidas más duras, como ampliar el procedimiento fronterizo y el período de detención de los solicitantes rechazados de 12 a 20 semanas. Una flexibilidad que, deberá ser justificada y autorizada, y que ha sido duramente criticada por las oenegés al considerar que podría degradar el respeto de los derechos fundamentales y aumentar las expulsiones.