Contra todo pronóstico, la Compañía Española de Tabaco en Rama (Cetarsa) ha comunicado recientemente a los sindicatos UGT y CCOO su pretensión de la trasladar la sede social, hasta ahora situada en la madrileña calle de José Abascal (distrito de Chamberí), a Talayuela, donde la empresa pública tiene uno de sus cinco centros operativos. Cetarsa es la primera compañía española en transformación de tabaco, está participada mayoritariamente por el Estado y es una de las cinco empresas con mayor número de empleados en Extremadura.
Tras el último expediente de regulación de empleo, la plantilla de Cetarsa se ha situado en torno a los 630 trabajadores. De éstos, 32 pertenecen a la sede central en Madrid y el resto trabaja en las fábricas de Talayuela, Coria y Navalmoral de la Mata, así como en los almacenes de Jaraíz y Jarandilla de la Vera. En el ejercicio 2002, Cetarsa registró pérdidas por valor de 8,9 millones de euros, debido a que la compañía ha desembolsado 22,4 millones de euros en indemnizaciones a los empleados afectados por el expediente de regulación.
La decisión de la Sociedad Estatal de Participaciones Indutriales (SEPI), que posee el 80% del capital de la tabaquera, de trasladar a Extremadura la sede social ha cogido a contrapié a los sindicatos, que no se explican esta "sinrazón". Fue el vicepresidente de la SEPI, Pablo Olivera, el que trasmitió a los responsables sindicales la decisión. Desde UGT se asegura que se trata de "una rabieta infantil" de los directivos de la SEPI al haberles "salido mal la jugada de la privatización".
La SEPI anunció antes del verano a los sindicatos su intención de privatizar Cetarsa antes que acabara el 2003. Ante el rechazo generalizado de las centrales, organizaciones agrarias, partidos políticos, ayuntamientos y, sobre todo, la Junta de Extremadura, la SEPI dio marcha atrás e inició una ronda de contactos para explicar a todos los agentes el calendario de la privatización. Pero finalmente, la SEPI ha aplazado sine die sus intenciones.
Fuentes sindicales han mostrado su asombro por la pretensión de trasladar la sede a Talayuela pero aseguran que se trata de "un subterfugio legal para echar a más gente". UGT asegura que con esta decisión se pretende abocar a los 32 empleados de Madrid ante la tesitura de abandonar voluntariamente la empresa o trasladar su residencia a 200 kilómetros de la capital de España. Además, este traslado supondría un efecto dominó al prescindir Cetarsa de los 20 fijos discontinuos que en campaña hacían de administrativos en Talayuela.
SINDICATOS, ENTRE DOS AGUAS
Pero la situación de los sindicatos es complicada porque el traslado de la sede central de Cetarsa (una empresa que factura 50,4 millones de euros) a una población como Talayuela (9.500 vecinos) supone para la zona un revulsivo económico importante y unos ingresos fiscales elevados. Para Cetarsa, esta operación supondrá un importante ahorro de costes pues el alquiler del edificio en la calle de José Abascal de Madrid, dada su céntrica situación, se presupone que sea muy elevado.
