La cifra de intoxicados por pollos del Grupo Sada dada a conocer por las administraciones autonómicas supera ya los 600, según el último balance recopilado por La Federación de Consumidores en Acción (Facua). Concretamente, a las 15.30 horas de ayer, el número de afectados dado a conocer por las administraciones autonómicas ascendía a 652 personas en más de treinta provincias de trece comunidades, según un comunicado remitido a Europa Press.

No obstante, Facua precisa que no hay que descartar ni los casos que aún no hayan sido notificados a las autoridades de salud de las comunidades ni los de posibles duplicidades al contabilizar de forma repetida a usuarios que hayan acudido primero a un centro de salud y posteriormente a un hospital.

Murcia es la comunidad con más afectados, con un total de 140, seguida de Andalucía, con 108. Le siguen Castilla-La Mancha con 88 intoxicaciones; Comunidad Valenciana, 80; Castilla y León, 54; Baleares, 52 y Cataluña, 42.

En menor medida se han registrado también casos en Navarra, con 22; Madrid y La Rioja, ambos con 20; Aragón, con 14; País Vasco, con 13 y Extremadura, con 8 casos.

Además, Facua ha recibido las primeras reclamaciones de intoxicados. De hecho, varios de los afectados por la ingestión de pollos precocinados envasados al vacío de las marcas Pimpollo y Pollo Asado Sada contaminados con salmonella se han asociado a la entidad para que actúe en su representación a fin de exigir indemnizaciones económicas, por los perjuicios causados, a la empresa castellanomanchega perteneciente a la multinacional holandesa Nutreco.

Facua recomienda a los afectados que soliciten en el centro sanitario donde sean atendidos un informe médico en el que se pongan de manifiesto los motivos de su dolencia y que conserven todos los elementos que puedan servirles para demostrar la relación causa efecto entre la ingesta del pollo y la infección alimentaria, como facturas de compra, el envoltorio o restos del producto. También advierte que la cuantía de las indemnizaciones dependerá de los días de baja, las posibles secuelas de la intoxicación y la acreditación de otros perjuicios causados, como gastos en taxis o cancelación de vacaciones.