A mediados de esta semana, y a raíz de la petición de Francisco Alvarez Cascos de paralizar el proceso de integración del SIP, fuentes de Caja Extremadura explicaron que si una entidad decidía abandonar el proyecto de integración "tendría unas penalizaciones fortísimas".
A diferencia de lo que ocurrió en Banco Base, donde el contrato de integración se modificó para incluir una cláusula suspensiva que hacía que esta integración no fuese efectiva hasta que no se aprobase por las asambleas el traspaso de activos y pasivos al organismo central, esta vez no se ha incluido ningún mecanismo de salvaguarda de este tipo por la "seguridad" que se daban estas tres entidades.
En cuanto a la posibilidad de paralizar solo temporalmente la fusión, en Caja Extremadura recuerdan que el plazo para que las entidades comuniquen sus estrategias de capitalización al Banco de España acaba el 30 de septiembre y para esa fecha "tiene que estar completamente constituida la entidad". "No podemos retrasarnos más. Ya nos retrasamos mucho con lo que sucedió con la CAM. Fuimos los primeros en seguir el camino de la cesión y gestión indirecta del negocio que luego han seguido los demás, y hemos acabado quedándonos los últimos", señalan.
