José -nombre ficticio- cumple 14 años y sus padres deciden hacerle un regalo de aniversario. A él no parece gustarle y se lo hace saber a golpes. A tal extremo llega la situación que sus progenitores deciden denunciarlo ante la justicia. Sentarán en el banquillo a su propio hijo. El proceso hasta que se llega a este punto es lento y angustioso. Tras pequeños comportamientos, derivan las amenazas y con el paso del tiempo llega el primer empujón. Más allá de la minúscula realidad que ofrece la pequeña pantalla, los malos tratos de hijos a padres sobreviven a una situación convulsa y en la mayoría de los casos aún oculta.
Casos como este atiende la Fiscalía de menores en Extremadura que contabiliza 39 denuncias por violencia doméstica en el último año. Suponen 16 menos que en 2015, año en el que el número se elevó hasta las 55. Aunque en la región la cifra del maltrato ha disminuido en el país alertan de un aumento alarmante de este tipo de violencia en los últimos años. De hecho, el instituto internacional de estudios sobre la familia estima que del 2007 al 2014, la violencia filioparental ha rebasado estadísticas y ha crecido hasta un 223%. En cualquier caso, la propia institución hace hincapié en la «cifra negra de casos no denunciados».
La fiscal de menores de Badajoz, Sonia Gandolfo, argumenta que el bajo índice de denuncias está motivado en la díficil decisión que supone para un padre posicionarse contra su hijo. «Una madre intenta obviar el problema, asume que el comportamiento puede estar debido a la edad, a las compañías», alega y sostiene que a fiscalía solo llegan casos una vez que la situación se torna «insostenible».
Una vez que las diligencias se trasladan al juzgado y el menor recibe su dictamen, la condena depende del delito. En este sentido, Gandolfo asevera que «la mayoría de los casos no requieren internamiento». En este caso, el juez determina una condena de servicios a la comunidad, de actividades tutorizadas o de convivencia colectiva. Aquí entran en acción colectivos como Meridianos, una asociación que presta recursos a menores que cumplen sus sentencias.
Uno de los recursos que trabajan en Extremadura es la convivencia educativa. EL PERIÓDICO EXTREMADURA visita el domicilio que coordina el colectivo en Badajoz en el que los jóvenes condenados cumplen su dictamen judicial. Sergio García es el coordinador del servicio. En el piso conviven seis jóvenes con condena firme, cuatro de ellos por maltrato hacia sus padres.
Como todos tienen edad lectiva, acuden a sus clases por la mañana y por la tarde realizan actividades con los educadores del centro. Cuando cumplen una parte del dictamen regresan a casa los fines de semana. «El objetivo es reconducir, no tendría sentido que pasaran aquí todo el tiempo y luego volvieran», dice Sergio García. Para ello trabajan los psicólogos de la asociación que no solo centran su terapia en los jóvenes sino en su progenitores. «Tiene que ser una labor paralela, el grado de implicación es muy importante», apunta.
Asegura que el grado de receptividad no siempre es el mismo y se centra en el perfil de los padres. «Llegan con un estado anímico muy bajo, denunciar al fin y al cabo para ellos es asumir un fracaso como padres», sostiene.
A la hora de trabajar con ambos, no contemplan la relación culpable y víctima. «Hay que eliminarlas del vocabulario», asevera. Aboga por sustituir el concepto de culpabilidad por el de responsabilidad. «El menor tiene que tener responsabilidad por los actos que ha cometido, no olvidemos que el que está cumpliendo condena es él, pero el término culpable solo contribuye a la estigmatización», añade. García apostilla que en Meridianos trabajan con las «potencialidades» del menor para que ellos sienten unas bases que permitan canalizar sus emociones con destrezas y cualidades que antes no sabían que tenían. Con respecto a la evolución de los menores no alcanza a detallar un punto de inflexión en el cambio de su conducta pero asevera que «el arrepentimiento llega en la mayoría de las ocasiones» y que «la tasa de reincidencia es muy baja».
Pocos vuelven a repetir sus delitos, pero también se «dan casos», relata la fiscal y apunta que en esos casos la opción es el internamiento. La Junta contempla que seis menores fueron internados por violencia familiar en el Vicente Marcelo Nessi, el único centro de Extremadura. Cuando la medida judicial puede abordarse en medio abierto la administración cuenta con 8 centros de acogida y cuatro pisos de convivencia en grupo educativo -que coordinan Meridianos, Anangénesis y Aismex- y un programa específico de violencia intrafamiliar en el que este año contabilizan 22 intervenciones.
En cuanto a los condicionantes que determinan el aumento de violencia filioparental, García alude a «una crisis de valores» motivada por una situación de «crisis social». «Siempre que pensamos en violencia de hijos a padres pensamos en familias desestructuradas, pero la realidad demuestra que no es así, la mayoría proceden de familias con un nivel social medio que antes tenían una economía mejor y debido a la crisis económica han dejado de tener poder económico», relata. Por su parte, Gandolfo habla de «falta de autoridad por parte de los progenitores» o a familias «donde los padres no asumen su rol como educadores» y vincula muchos casos a niños acostumbrados a que no les impongan límites. También destaca un alto número de menores con problemas de salud mental y con respecto a este punto, reprocha a la administración la falta de recursos para estos menores y para sus padres que no tienen más opción que denunciar si quieren recibir ayuda. Sea cual sea su situación familiar, según detalla Meridianos, la gran mayoría presenta un patrón similar: poca tolerancia a la frustración, alta impulsividad, una baja capacidad empática y sintomatología depresiva como soledad o malestar psicológico.
La fiscalía recibe denuncias de menores de todas las edades desde los 14 a los 17 años y Meridianos estima que la edad con más incidencia se produce tras el cambio del colegio al instituto. El debate comienza con los casos que involucran a menores de 13 años. Cabe recordar que la ley de responsabilidad penal establece la edad penal a partir de los 14 años. Cuando se produce esta situación, las diligencias pasan directamente a la administración que se encarga de la tutoría del menor. Gandolfo reprocha cierta pasividad al respecto.
Según las estimaciones de Meridianos, en el 80% de los casos son los varones los que más agreden a sus padres. Los chicos ejercen más violencia física y las chicas, más psicológica. En cuanto al perfil de víctima de violencia filioparental está focalizado en las figuras femeninas de la familia: madres de entre 40 y 50 años.
5.000 DENUNCIAS EN ESPAÑA // Si hay una cosa clara es que el maltrato familiar vive una situación de desamparo y despliega tan solo su punta del iceberg. En su último informe, la Fiscalía General del Estado contabiliza 4.898 denuncias en España en 2015, 100 más que el año anterior. Es la propia institución la que erige una conclusión y argumenta falta de recursos «para atajar un problema social de una magnitud que desborda el ámbito de la jurisdicción, pues es el resultado de un modelo educativo fracasado, carente de pautas de autoridad y de valores definidos».
