El caso de las supuestas facturas falsas que justifican el pago de los gastos encuadrados en el proyecto de puesta en marcha del centro comercial abierto sigue coleando. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº4 de Mérida ha solicitado a la Secretaria General del ayuntamiento copia testimoniada del expediente de subvención al citado proyecto al apreciar indicios de un presunto delito de falsificación de documentos privados. Esta subvención asciende a 543.397 euros, de los que la Junta de Extremadura asume el 75% y el consistorio el 25% restante.
Asimismo, el juzgado requiere el original y copia de la factura referida a la señalización direccional exterior, por importe de 13.267 euros. A este respecto, el concejal del PP, Daniel Serrano, --quien ha llevado el caso a los tribunales--, ha afirmado que "se han pagado facturas que no se han justificado", al tiempo que denuncia el "oscurantismo" del equipo de Gobierno al negarles la documentación al respecto. "¿Dónde están esos 600.000 euros?", se cuestiona, ya que "las cuatros macetas y el chorrito no cuestan tanto". El edil ´popular´ señala como responsable al consejero de Industria, Antonio Rodríguez Ceballos, al que pretende llevar como imputado al ser el fiscalizador del proyecto.
Este, por su parte, ha recordado que el ayuntamiento es el encargado de fiscalizar las facturas certificadas por la gestora y de entregar el dinero a la Asociación de Comerciantes para que esta efectúe el pago a proveedores. Además, el Gobierno local rechaza que se haya negado información al PP puesto que no consta ninguna petición suya en el Area de Industria y Comercio. Igualmente, ha indicado que el PP ya fue informado en la Comisión de Industria del día 22 de diciembre del 2008, donde se atendieron sus propuestas.
El equipo de Gobierno sostiene que "no ha existido ninguna factura falsa y que todo lo justificado y pagado se ha ejecutado", con la supervisión y el visto bueno de los servicios de control del ayuntamiento y de la Junta de Extremadura.
ANTECEDENTES El proceso judicial se inició el pasado 13 de enero cuando la Fiscalía decide incoar diligencias informativas ante la denuncia del edil del PP, Daniel Serrano. Más tarde, el nueve de febrero, el Juzgado de Instrucción Nº 4 de Mérida emite un auto por el que se abren diligencias previas contra María del Carmen Pablo --ex presidenta de la Asociación de Comerciantes de Mérida-- y Antonio Rodríguez Ceballos --consejero de Industria del ayuntamiento-- por un presunto delito de falsificación de documentos privados. De esta última actuación se deriva el requerimiento del citado informe y factura que, según ha anunciado la Secretaria, será remitido al juzgado a lo largo del día de hoy ya que "todo se ajusta a la legalidad".
