El proceso de traslado de todas las dependencias judiciales de Mérida al nuevo Palacio de Justicia construido en los terrenos del proyecto Mérida Tercer Milenio ya está en marcha. El Ministerio de Justicia ha comunicado al personal que trabaja en ellos el calendario de apertura de las nuevas dependencias, que está fijada para el próximo 22 de junio, y lo hará además con la aplicación de la Oficina Judicial, el nuevo sistema de organización judicial.
Los funcionarios han iniciado los cursos de formación de este nuevo sistema, que incluye el manejo de una novedosa aplicación informática que ha motivado algunas quejas en las ciudades en las que ya está en funcionamiento la Oficina Judicial.
La mudanza requerirá un importante esfuerzo. En estas nuevas dependencias trabajarán a diario 120 personas entre jueces, fiscales, secretarios, cuerpo de gestión, de tramitación auxilio judicial --personal laboral aparte (vigilancia, limpieza, etc)--. En tan solo cuatro días se han de trasladar, por parte de una empresa de mudanzas, la documentación de los 6.000 asuntos que se calcula que actualmente lleva cada uno de los juzgados, y que anteriormente deberán introducir en cajas el personal de cada uno de ellos. A esta tarea se dedicarán diez días de trabajo, del 6 al 16 de junio. Durante este periodo los juzgados únicamente abrirán al público una hora al día.
El Palacio de Justicia albergará desde el próximo 22 de junio los cuatro juzgados de Instrucción y Primera Instancia, los dos Contencioso Administrativo, los dos de lo Penal, la sección de la Audiencia Provincial y la Fiscalía.
El director general de Modernización del Ministerio de Justicia, José de la Mata, aprobó el pasado mes de abril una resolución por la cual se aprueba la entrada en funcionamiento de las unidades incluidas en la implantación de la nueva Oficina Judicial de Mérida, y también la de Cuenca. En el caso de la capital extremeña se hace referencia a la entrada en funcionamiento de las unidades procesales de apoyo directo y los servicios comunes procesales.
La fecha del 22 de junio ha sido comunicada tanto a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, el juez decano, los colegios de abogados, procuradores y graduados sociales, secretarios judiciales y al resto de personal de la administración de justicia afectados.
