Las entradas de la 67 edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida comenzará el próximo martes, 1 de junio, el mismo día que se dará a conocer la programación. La secretaria general de Cultura, Miriam García Cabezas, que ha comparecido hoy en una comisión de la Asamblea de Extremadura a petición de Ciudadanos, ha señalado que no podía adelantar la programación porque aún no han sido informado los órganos del Consorcio Patronato. Asimismo, ha indicado que no pretenden tener "un aforo total o cuanta más gente mejor", sino que la gente se sienta segura y protegida.
García Cabezas sí se ha referido a los compromisos del adjudicatario del contrato para los años 2020-2022, que sigue siendo la empresa Pentación S.A., que se firmó en mayo después de una tramitación que comenzó en agosto de 2020 y que se ha alargado más de lo deseable, según ha reconocido. Ha señalado que la organización se compromete a hacer 39 funciones en dos anualidades, de al menos cinco producciones, y a llevar la programación a los escenarios romanos de Regina, Medellín y Cáparra. También continuará con la programación off y la organización de conferencias, exposiciones, talleres y jornadas.
Por parte del grupo proponente, la diputada de Ciudadanos Marta Pérez Guillén ha criticado que "poco o nada" se sepa de un evento tan importante, cuando otros años en estas fechas, ya se conocía la programación, las entradas estaban la venta y el personal trabajando. A su juicio, el retraso se ha debido a la licitación y no a la pandemia, y ha recordado que festivales como el de Almagro ya tienen programación.
La diputada de Unidas por Extremadura Lorena Rodríguez también se ha referido el "farragoso" procedimiento de contratación y, al igual que ha hecho después la parlamentaria de Cs, ha llamado a aprender de errores del pasado, como el problema de aforo que hubo al inicio de la edición anterior. Rodríguez ha lamentado la publicación de noticias "preocupantes" en torno al festival, como la sentencia condenatoria al exgerente Pedro Salguero o que la programación estaba preparada antes de resolverse la adjudicación.
El diputado del PP Laureano León no ha entrado en el contenido de la programación, porque ellos no son programadores, y ha expuesto la disyuntiva de prestigiar el festival por un lado y por otro controlar la gestión pública. En este sentido, ha advertido de la "nube de sospecha" que "pulula" torno a la gestión administrativa del certamen que, a su juicio, "hay que desterrar de una vez por todas". Aquí se ha referido a la sentencia al exgerente, una etapa de la que está pendiente dirimir las responsabilidades políticas, ha recordado.
En su contestación a los grupos de la oposición, la directora general ha recordado que los últimos años ha habido dos obras extremeñas y que las compañías que llevan a cabo las actividades paralelas son mayoritariamente de la región. García Cabezas ha señalado que no pueden entrar en la adaptación de las obras, lo que dependen de las compañías, y ha aclarado que Almagro es un festival que depende del Ministerio de Cultura y no se han sometido a un proceso licitación. Ha insistido en que los trámites y los requerimientos que se hacen durante el proceso de contratación hay que cumplirlos.
