La Guardia Civil ha detenido en Cáceres a 12 personas y ha investigado a otras 5 en lo que va de año por delitos relacionados con incendios forestales. Estas 17 actuaciones en la provincia de Cáceres aglutinan supuestos relacionados con fuegos que pueden ser intencionados o involuntarios, es decir, que se han producido por negligencias o por causas fortuitas.

Según pone de manifiesto a este diario la Delegación de Gobierno en Extremadura, 22 personas han sido investigadas o detenidas por estos motivos en la región en 2018 -5 en Badajoz-. La provincia cacereña acumula así el 70% de las detenciones que se realizaron por estos motivos hasta agosto en Extremadura. Fuentes de la Guardia Civil matizan que uno de los condicionantes de que se produzcan más fuegos en Cáceres viene dado por la orografía, entre otras cuestiones. Precisamente, la pasada semana, la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, apuntó a los medios en un encuentro sobre incendios forestales en Hoyos, que uno de cada cuatro incendios que se producen en el norte cacereño. También confirmó que uno de cada cuatro son intencionados.

Una de las detenciones más significativas se produjo a principios de agosto cuando un vecino de Cáceres fue arrestado acusado de provocar 13 incendios. En concreto, la Policía Nacional le atribuyó cinco focos en las inmediaciones de la capital cacereña y la Guardia Civil le acusó de causar ocho en el término cacereño, en Monroy y Talaván. El acusado reconoció ser autor de varios de ellos. De hecho, fue detenido cuando intentaba provocar otro fuego en la carretera de Torrejón el Rubio. Un guardia civil fuera de servicio dio el aviso y la policía local le arrestó a la altura del polígono ganadero. Su modus operandi, según detallan las fuerzas de seguridad, se basaba en ubicarse en zonas cercanas a fincas o caminos en horas centrales del día, bebía cerveza, arrojaba los envases vacíos al suelo y para iniciar el foco usaba un mechero. El juzgado número 3 determinó su ingreso en prisión comunicada y sin fianza y sigue en la cárcel a la espera del juicio.

En temporada de máximo riesgo de incendio, la Guardia Civil insta a la «precaución» y apela a la «responsabilidad» que conlleva provocar un incendio. La ley endureció las penas para los que provocaran fuegos en su reforma del 2015. Según el Código Penal, los delitos por atentar contra masas forestales pueden conllevar penas de prisión de seis meses a veinte años que contemplan los casos más graves. El artículo 354 contempla que el que prenda fuego a una masa forestal aunque no se propague será condenado de seis meses a un año de cárcel. Si se trata de un incendio provocado con peligro para las personas, de 10 a 20 años de cárcel, de 1 a 3 años si no existe peligro para las personas y de 3 a 6 años si el fuego alcanza una especial gravedad o afecta a un espacio protegido.