Eva González, la abogada cacereña que consiguió destapar un escándalo nacional en Países Bajos y demostrar que miles de familias extranjeras acusadas de fraude no habían cometido tal delito, logró poner en la cuerda floja al gobierno y finalmente, este viernes, ha provocado que el equipo encabezado por Mark Rutte dimita en bloque. «El Estado de derecho debe proteger a sus ciudadanos del todopoderoso Gobierno y el sistema ha fracasado de forma estrepitosa», reconoció Rutte en una rueda de prensa en la que también informó de haber presentado la dimisión de su Gabinete al rey Guillermo Alejandro.
El caso, con más de 26.000 familias afectadas, ya se ha bautizado como el mayor escándalo político y administrativo del jefe de Gobierno, en el poder desde hace una década y con voluntad de volverse a presentar en las próximas elecciones de marzo. Cientos de personas fueron obligadas a devolver importantes sumas de dinero -en los casos más extremos hasta 100.000- en poco tiempo, forzándolas a perder sus hogares, a trabajar día y noche y a endeudarse.
Detrás del arduo logro de sacar a la luz estas arbitrariedades administrativas hay una abogada española, Eva González Pérez, hija de inmigrantes españoles y sumamente entregada a la causa. El escándalo estalló en el Parlamento y en la prensa nacional gracias a la perseverancia de esta letrada, nacida en España (Cáceres, 1973), que pasó años sin tirar la toalla para demostrar que sus clientes no habían defraudado a Hacienda y necesitaban las ayudas.
El padre de Eva González llegó al país como trabajador migrante en los setenta y ella, con dos años, se sumó junto a su madre después, por lo que compartió años con sus abuelos en Cáceres. Aún mantiene intacto su castellano, que a veces combina con terminología legal en neerlandés para explicar este caso. González terminó Derecho en la Universidad de Utrecht en el 2000. Ahora, tiene respuestas y disculpas de algunas autoridades neerlandesas: han cometido errores, ocultado datos, tratado de frustrar investigaciones y han elaborado un perfil étnico de sus víctimas.
El caso ya provocó el jueves una primera dimisión, la del líder del partido socialdemócrata y exministro de Asuntos Sociales, Lodewijk Asscher, que, en un comunicado, anunció su retirada como cabeza de lista del partido -socio de los liberales en el Gobierno entre 2012 y 2017- para los comicios del 17 de marzo, al verse situado como uno de los principales responsables del escándalo cuando estaba al frente del ministerio encargado de aplicar la ley de cuidado infantil, por la que se aprueban las prestaciones a las familias con hijos.
Los primeros casos se remontan a 2014, cuando la Agencia Tributaria empezó a enviar requerimientos a más de 26.000 familias acusándolas sin fundamento de fraude para obtener ayudas con las que pagar las guarderías de sus hijos. Las autoridades fiscales, que seguía bloqueando las ayudas a pesar de que las familias enviaban los documentos necesarios para justificar su necesidad de obtener la prestación, no daban explicaciones a los afectados, demostrándose más tarde que eran en su mayoría familias de origen extranjero las que fueron objeto de esta medida, y que su segunda nacionalidad estaba señalada en los documentos oficiales, algo ilegal por discriminatorio. Muchos siguen sufriendo problemas personales y psicológicos a causa del daño económico sufrido, algo que el Gobierno holandés quiere compensar ahora con una indemnización de 30.000 euros.
