En las últimas semanas se ha vuelto a hablar de la Ribera del Marco y de su integración real en la ciudad. No se ha hecho porque vaya a realizarse a corto o a medio plazo una intervención, sino por la modificación del plan general que está en trámite para que en la norma urbanística de la ciudad aparezca el trazado correcto de la ronda este. El plan se aprobó en 2010 con un recorrido que no coincide con el que se acordó en 2012 para esta vía.

Sería un cambio más de los muchos tramitados desde 2010 si no fuera porque la alcaldesa, Elena Nevado, lo vinculó a una reordenación de la Ribera, lo que despertó las alarmas por el valor que tiene este espacio.

Después aclaró lo que se pretende, que es lo que el jefe del servicio municipal de Urbanismo, Javier Ruiz, alertó en 2012, cuando avisó que el cambio del trazado respecto al previsto en el plan podría llevar a que se tuviesen que iniciar «expedientes de expropiación con unos costes muy onerosos por la extensión -del terreno- y cuantía».

El trazado de la ronda se mete en suelo ahora no urbanizable, por lo que el plan de urbanismo no establece ningún mecanismo para su obtención por parte del ayuntamiento para evitar la expropiación. Esto no afecta a toda la Ribera, sino a un tramo concreto, el que está entre las traseras de Vistahermosa y las del colegio San Francisco.

EL TRAZADO se ha trasladado hacia la ladera de la Montaña. Esto hace que quede una bolsa de suelo no urbanizable entre la reserva de espacio que el plan de urbanismo deja ahora para la ronda y el recorrido real de esta vía. Ese suelo es el que pasará a ser urbanizable y a destinarse a zona verde (no se entendería otro uso), que es lo que se perseguía cuando se propuso desviar el trazado: alejarlo lo más posible de la Ribera por su valor ambiental y cultural.

Como este terreno lo deberá obtener antes o después el ayuntamiento, lo que se hace ahora es lo que ya propuso la dirección general de Medio Ambiente en la declaración de impacto ambiental de la ronda: «introducir mecanismos de obtención de los nuevos suelos distintos a los de la expropiación». Y en eso se está, en adscribir los aprovechamientos urbanísticos que correspondan a los propietarios de esa bolsa de suelo a zonas urbanizables donde en un futuro se puedan edificar viviendas, comercios...

Esto se hace para evitar lo ocurrido en el parque del Príncipe, donde solo 8 hectáreas han costado a la ciudad 33 millones. Y no se hace porque el suelo verde de la Ribera vaya a necesitarse pronto, sino porque cuando se necesite ya se tenga regulada su obtención sin tener que expropiar.

Lo que se quiere impedir es «la especulación urbanística», apuntó Nevado el jueves, que se ha dado en el parque del Príncipe y en otras zonas de la ciudad y que ha costado millones de euros a los contribuyentes cacereños, lastrando durante años la economía del ayuntamiento. Estas operaciones especulativas han consistido en compras de terrenos que el plan reservaba para zonas verdes o viarios para instar luego al ayuntamiento, que estaba obligado a obtenerlos, a conseguirlos con una permuta de parcelas residenciales o con expropiaciones que han acabado con sentencias con justiprecios millonarios.

El ayuntamiento tiene ya conseguido casi todo el tramo más próximo a la Ribera que está entre las traseras de la urbanización situada frente a los juzgados y Concejo sin tener que recurrir a la expropiación. Se ha hecho concentrando la edificabilidad residencial y lucrativa en dos espacios (la urbanización frente a los juzgados y en el Espíritu Santo) y obteniendo a cambio áreas de la Ribera que quedan como espacio libre.

En cuanto a la recuperación de este espacio como un corredor verde o parque que lo integre en la ciudad, hubo dos grandes intentos. Uno en 2003, que se basaba en un proyecto adjudicado en 1999 al equipo técnico dirigido por el ingeniero Jesús Urueña, que contó con una financiación de 5,6 millones de fondos europeos y del ayuntamiento para uno de sus tramos. El coste total para toda la Ribera se estimaba en 16 millones. Ese tramo se tenía que desarrollar en las anualidades de 2003, 2004 y 2005 y era el de ronda Vadillo. De ese proyecto sí se hizo una primera fase para la recogida de aguas en la zona de la avenida de la Hispanidad.

EL SEGUNDO intento fue en 2007. La inversión era de 6 millones para su desarrollo en 2008, 2009 y 2010. La financiación salía de fondos europeos y del ayuntamiento. Se redactó un nuevo proyecto, adjudicado a Aristos Ingenieros. Todo el proyecto tenía un coste de 46,7 millones y con los 6 millones se iba a actuar en el tramo de puente Vadillo a puente Nuevo. La declaración de impacto ambiental no se publicó hasta 2011, informe que fue positivo, «no es previsible que el proyecto vaya a producir impactos adversos significativos», según se concluye en la resolución.

Ahora hay otro proyecto, de la Confederación del Tajo, para el saneamiento y depuración de las aguas residuales. Su presupuesto es de 59 millones y la inversión va a nuevos colectores y a las depuradoras. Sí hay una partida de 414.593 euros en el presupuesto de ejecución material que es específica para la adecuación del encauzamiento de la Ribera entre puente Vadillo y puente Nuevo. El fin de esta cantidad es la demolición del lateral del canal y del colector existente en el cauce y su sustitución por uno nuevo.

Mientras que no haya nuevas inversiones, que tendrán que venir de otras administraciones y fondos europeos, la integración real de este espacio en la ciudad seguirá siendo una asignatura pendiente y Cáceres continuará de espaldas a la Ribera del Marco.