Acciona solicita en su recurso la suspensión cautelar de la decisión del pleno de la corporación municipal de convocar un nuevo concurso. Basa esta solicitud, entre otros argumentos, en que si esta decisión se llevase a la práctica puede dejar sin contenido al recurso: cualquier resolución judicial que estimase el recurso perdería su efectividad. Otro argumento es que con la suspensión cautelar de este acuerdo hasta que se resuelva el recurso no se verían afectados los intereses generales de la ciudad porque el servicio se seguiría prestando. Por contra, asegura que convocar otro concurso causaría daños irreparables a Acciona y el consistorio podría encontrarse con que más de una empresa tendría derechos adquiridos en los dos concurso y exigirían una indemnización elevada.
"El juez deberá ponderar ahora los intereses en conflicto, los generales y si hay apariencia de que la empresa tenga razón", explicó ayer Manuel Moralo, profesor de Derecho Administrativo de la facultad de Derecho de la Uex. Si el juzgado aceptase la suspensión, esta medida cautelar "se mantendría hasta que haya sentencia firme", añadió Moralo.
La suspensión de un nuevo proceso de licitación podría tener como consecuencia que la adjudicación del concurso para gestionar el agua se bloquease durante años, ya que contra la sentencia del juzgado cabe recurso ante el TSJ y ante la decisión de este tribunal cabría otra reclamación ante el Supremo.
