La obligación de las empresas constructoras de la provincia de Cáceres de pagar los atrasos por la aplicación del incremento salarial aprobado para el 2009, que el sindicato MCA-UGT estima en más de 30 millones de euros, preocupa a la patronal, que teme que de dicha obligación puedan derivarse posibles cierres de empresas.
Los empresarios cacereños están obligados al pago de dichos atrasos por sentencia del Tribunal Supremo, que ha rechazado el recurso de casación presentado por las patronales de la construcción de la provincia (Fecons y Pymecon) contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) por la que se resolvía que los empresarios de la construcción tenían que cumplir el convenio y aplicar el incremento salarial del 3,5% aprobado para 2009.
Al respecto, el responsable de MCA-UGT, Miguel Angel Rubio, concretó ayer que la sentencia del Supremo obliga a aplicar el incremento con efectos retroactivos desde el 1 de enero del 2009, "lo que supone que solo de ese año las empresas tendrán que pagar a los trabajadores, en torno a unos 15.000 en la provincia, entre 26 y 27 millones de euros, unos 19 millones de salarios más unos 8 millones de cuotas a la Seguridad Social".
Esta cantidad se incrementará hasta los aproximadamente 31 millones de euros si se suman los atrasos del 2010, matizó Rubio, quien mostró su satisfacción por el pronunciamiento del alto tribunal, así como su confianza en que la patronal traslade a los empresarios la recomendación de cumplir la sentencia "cuanto antes y por el bien de todos".
Es lo que se hará desde Pymecon (Pequeña y mediana empresa de la Construcción, con sede en Plasencia), cuyo gerente, José Luis Iglesias, manifestó ayer a este diario que, pese a discrepar de las cifras facilitadas por UGT, "somos conscientes de que la sentencia del Supremo nos obliga y tendremos que hacer lo indecible para cumplirla", y ello pese al temor que manifestó de que pueda suponer la pérdida de muchas.
Y es que Iglesias mantiene que esta sentencia es un "varapalo más" para el sector, y que aunque en el ánimo de todos los empresarios esté el cumplirla, "habrá que plantearse cómo se va a hacer, y que les va a suponer a muchas empresas". Dada la situación actual del sector, "en el que muchas empresas se ven todos los meses con dificultades para pagar las nóminas a sus trabajadores, no va a ser nada fácil hacer frente a estos pagos de atrasos", advirtió Iglesias, que insistió, no obstante, en que la sentencia "hay que acatarla y tendremos que ver cómo se hace".
Por su parte, desde la Fecons (Federación de la Construcción de Cáceres) se eludió ayer hacer valoraciones, emplazando a este diario a la rueda de prensa que tienen previsto ofrecer hoy.
