La ley electoral española, establece cómo se ha de participar en los procesos electorales. La participación política se realiza a través de los Partidos Políticos, en listas cerradas que se presentan en cada proceso electoral , esto es así, aunque en otros países se hace de otra forma.
Por ello no está de más sacar a colación este tema por su actualidad, porque se siguen levantando opiniones más o menos fundadas, que sugieren que la participación política sería mejor si los partidos políticos presentaran sus propuestas electorales en listas abiertas, lo que supondría que el electorado podría cambiar, o sea elegir de entre la lista presentada por un partido a aquel o aquellos candidatos preferidos por cada cual, incluso hay quien defiende la idea de que se establezca una segunda vuelta, para asegurar en esa segunda vez que el que gobierna no tenga que mirar a otro lado, que no sea el que le encomiendan los electores. Es decir que tenga la fuerza suficiente para hacer lo que promete en cada elección, pero lo cierto es que la realidad es la que es y en función de ello, se ponen en tela de juicio, hechos paradójicos, el acta de concejal o diputado se extiende a nombre del particular presentado y los partidos entienden que ese acta nominal es propiedad del partido que con sus siglas configura el conjunto de la lista cerrada.
Yo pienso que mi acta de concejal me corresponde a mi por estar extendida a mi nombre pero legítimamente le corresponde a mi Partido, en cuya lista fui presentado aceptando la ideología y los planteamientos programáticos de ese Partido, por lo que si en el transcurso de la legislatura, dejo de estar de acuerdo con la forma de actuar de aquellos a quienes acepté como compañeros, lo obligado y honesto es retirarme y devolver el acta al Partido para que mi plaza sea cubierta por algunas de las personas de la lista presentada.
Cuando un Partido no obtiene mayoría absoluta, esa ley electoral posibilita la agrupación de los minoritarios y pueden gobernar los que no han obtenido la mayoría en la confianza de los ciudadanos. Esto se podría corregir con esa reforma de la ley que muchos piden, estableciendo, por ejemplo una segunda vuelta en el proceso de elección (en Francia, así se hace). Toda esta realidad obliga a la realización de un trabajo en las Instituciones, según las circunstancias. Yo creo que esto no obliga a hablar más ni a negociar en especial más, porque el dialogo, la relación, la puesta en común entre los grupos políticos en las instituciones debe ser lo normal.
En mi caso, no estoy en estos momentos, no tengo obligación institucional para realizar y llevar a cabo esfuerzo alguno, en la búsqueda de acuerdos, siempre practiqué y contribuí a la toma de acuerdos, cuando gobernaba con amplia mayoría. Quizás suceda que alguien quiera llegar más allá de lo razonable en lo que debe ser, que es la adopción de acuerdos positivos en beneficio del interés general, o hacerlo teniendo en cuenta otro tipo de intereses ajenos a los de la ciudadanía..
En cualquier caso, los que tenemos la experiencia de haber ejercido tareas de oposición, intentando siempre acertar con nuestro trabajo, y testigos hay de ello. Los que tuvimos la obligación de gobernar en una situación no deseable, ni lógica, sabemos que adoptar decisiones para que la ciudad reciba los servicios que tiene que recibir de su ayuntamiento, es el camino a seguir. Es cierto que las decisiones que se toman, son las que las circunstancias requieren el bienestar de los ciudadanos demandan.
