Los hechos probados en la sentencia dictada contra la exalcaldesa Carmen Heras "no integran, desde ningún punto de vista, un supuesto asimilable por el concepto jurídico --o sociológico-- de corrupción política". Así de rotundo se manifestó ayer en un comunicado de prensa el abogado Emilio Cortés Bechiarelli, quien ha ejercido la defensa de Heras durante el juicio por el caso del festival de artes visuales Urban Screens. El Juzgado Número 2 de lo Penal de Cáceres condenó la pasada semana a la exalcaldesa socialista y a los exconcejales de Turismo e Innovación, Francisco Torres (Prex Crex) y Víctor Santiago Tabares (PSOE), respectivamente, a ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito de prevaricación administrativa.

Carmen Heras no se había manifestado públicamente desde que se conoció a principios de la pasada semana el fallo judicial, en el que la magistrada estima que los tres acordaron fraccionar en cuatro facturas el pago de 81.373 euros para evitar sacar a concurso este evento, que iluminó las principales fachadas de la ciudad. Sin embargo, pasado unos días, su abogado envió ayer un escrito a los medios "en nombre y por mandato" de la exalcaldesa, en el que pone de manifiesto que los hechos que considera probados la sentencia no pueden considerarse corrupción política.

El letrado lo explica: "Ninguno de los condenados ha obtenido enriquecimiento de especie alguna como consecuencia de este suceso, ni tampoco la empresa encargada de la ejecución del proyecto, más allá del cobro de sus legítimos honorarios abonados por la actual Corporación Municipal", detalla. "La sentencia recoge la falta de tramitación administrativa de ese abono, elevándolo a la categoría de delito, pero nada más", matiza el abogado. "Quienes tratan de considerar el caso Urban Screen como una manifestación de corrupción demuestran su ignorancia o sus prejuicios hacia el partido político al que todavía, al día de la fecha, pertenece", afirma el escrito.

En este sentido, la exalcaldesa y hasta ahora presidenta del comité regional del PSOE, puso el pasado martes su cargo a disposición del partido, tal y como anunció el viernes el presidente de la Junta de Extremadura y secretario general del PSOE, Guillermo Fernández Vara, quién explicó que la baja de Heras se enviará al comité ejecutivo federal en Madrid después de Semana Santa, y le mostró su "respeto y consideración". En cualquier caso, el estatuto del partido establece que cuando se produce una condena, la baja como militante es automática.

En su escrito de ayer, el letrado también quiere dejar claro que la exalcaldesa "respeta la sentencia del Juzgado de lo Penal nº 2 de Cáceres, por emanar de nuestro Poder Judicial, si bien entiende que los aspectos esenciales de su fundamentación fáctica y jurídica pueden ser revisados a través de los recursos ordinario y extraordinario que el ordenamiento jurídico ofrece para tal fin, siendo ahora su principal empeño demostrar su inocencia en las instancias que correspondan". De hecho, las defensas de Heras, Torres y Tabares ya han anunciado que interpondrán un recurso de casación ante la Audiencia por considerar que la deliberación de la juez no se ajusta a las pruebas presentadas.

UN CONTRATO "LEGAL" Además, el comunicado remitido ayer afirma textualmente que "no existe esa adjudicación a dedo de la que algunos medios de comunicación hablan, no sabemos --o sí-- con qué intención". Agrega que "el contrato estaba asignado a una empresa concreta a través del Consorcio Cáceres 2016 con todas las garantías legales, siendo otros muy diferentes los hechos que se han considerado probados", matiza.

El mismo comunicado deja constancia del "sentido" agradecimiento de Carmen Heras por el apoyo que ha recibido en los últimos días a su persona y a la gestión realizada como alcaldesa de la ciudad entre 2007 y 2011. "A cada una de esas personas que ella reputa razonablemente como honradas y gratas muestra su gratitud y afecto", suscribe el abogado.