La junta local de gobierno acordó en su reunión del 17 de junio incoar un expediente para la expropiación de un resto de suelo que queda por obtener de la ampliación del parque del Príncipe. Son solo 350 metros cuadrados, pero se trata de la zona donde más ha pagado el consistorio por los justiprecios de expropiaciones. Solo en los cuatro expedientes ya tramitados el coste supera los treinta millones de euros.

Fue en la junta de gobierno del 13 de mayo cuando el concejal delegado de Urbanismo, Valentín Pacheco, advirtió en base a un informe de la Oficina de Desarrollo Urbano que de una de las fincas destinadas a la ampliación del parque del Príncipe no se tenía la totalidad, aún faltaba el 3,125% (unos 350 metros cuadrados), también se puntualizó que si continuaba en manos privadas se dificultaría la intervención del ayuntamiento para la extensión del parque. Se han presentado varias propuestas para actuar en las ocho hectáreas de la ampliación, la última está vinculada a la consecución de fondos de la Unión Europea.

El resto de la finca, con una superficie de 11.976 metros cuadrados, se expropió a GP Promoción del Suelo, una empresa que solo por el justiprecio de dicha parcela y de otras dos, con una superficie entre las tres de 1,9 hectáreas, cobró del consistorio 6,3 millones en dos pagos, uno en 2003 y otro en 2009.

Del aviso del 13 de mayo se pasó al acuerdo del 17 de junio en el que se decide incoar el expediente de expropiación, dado que los 350 metros cuadrados no están adscritos a un área de desarrollo urbano que permita su obtención por el ayuntamiento. La otra decisión tomada por la junta de gobierno fue requerir a la propietaria del suelo que presente la hoja de aprecio con su valoración, que por el consistorio se podrá o no aceptar. Si no se llega a un acuerdo se acudiría al jurado autonómico de valoraciones. En tres de los cuatro expedientes de expropiación en esta zona se terminó en los tribunales. En el otro se permutaron parcelas del ayuntamiento por terreno previsto para ampliar el parque.

VIVIENDAS MUNICIPALES En otros asuntos, en la junta de gobierno del día 17 se dio a conocer el contenido de un informe en relación a las viviendas que son propiedad del ayuntamiento y que están ocupadas por empleados públicos municipales. Son ocho en distintas zonas de la ciudad. Se tomó el acuerdo de pedir información de las condiciones por las que estos funcionarios ocupan estas viviendas, de si los empleados del consistorio con liberación sindical pueden ocupar estas casas mientras se encuentren en esta situación y del importe de los gastos generados por consumos realizados por dicho personal y que son asumidos por el ayuntamiento.