Con las peticiones de la fiscalía sobre las penas a imponer a los acusados se cierra, cuatro años después de su inicio, la instrucción de la causa judicial por la presunta legalización irregular de inmigrantes en la Unidad de Extranjería de la Subdelegación del Gobierno. Trama supuestamente dirigida por Constancio A. R., exsecretario particular del subdelegado, y sus amigos José M. S. D. y Luis C. F.

A los tres se acusa de idear la presunta trama por la que estafaban a inmigrantes, que llegaban a pagar hasta 5.000 euros, para conseguir sus papeles. Se les imputa un delito continuado de estafa en concurso con uno de falsedad, por los que la fiscal encargada del caso pide para cada uno 7 años de prisión y 6.690 euros de multa.

Junto a ellos están también imputados la súbdita marroquí Bouchra K., acusada de facilitar clientes a los tres anteriores, para la que se solicitan tres años de prisión y 5.500 euros de multa por un delito continuado de estafa; y el camarero Francisco P. R., quien supuestamente facilitaba los documentos de identidad falsificados, y al que se imputa un delito continuado de falsedad por el que se pide una pena de dos años y medio de prisión y 3.000 euros de multa.

Los hechos por los que se les acusa, y por los que serán juzgados próximamente en la Audiencia Provincial, se remontan a mediados del 2005, durante el proceso de normalización de extranjeros derivado de la aprobación de un nuevo reglamento sobre los derechos y libertades de los Extranjeros en España y su integración social. Entre los casi 1.340 expedientes que en dicho proceso se realizaron en Cáceres se detectaron presuntas irregularidades en al menos 35, hecho que el subdelegado del Gobierno puso en conocimiento del fiscal Superior de Extremadura y del que se derivó la causa judicial ahora ya solo pendiente de juicio.

LA TRAMA Tras la investigación llevada a cabo, la fiscal encargada del caso ha concluido que los tres principales imputados, "aprovechándose de la necesidad de los inmigrantes que aspiraban a obtener la regularización de su estancia en nuestro país solicitaban de estos cantidades variables de dinero para tramitar los expedientes de regulación, poniendo de manifiesto la vinculación que tenían con la Subdelegación de Gobierno por trabajar Constancio allí, y la certeza de que la regularización se llevaría a cabo". Hacían creer para ello, además, que eran "abogados especializados en temas de extranjería".

Los imputados desarrollaron su presunta trama de corrupción al menos durante cuatro meses, concretamente entre el 7 de febrero y el 7 de mayo del 2005, teniendo cada uno de ellos una función concreta dentro de la misma.

Así, según recoge la fiscal en su escrito, José M. S. y Luis C. F., amigos del exsecretario del subdelegado, eran los que, en un despacho situado en el número 9 de la avenida de España y haciéndose pasar por abogados especializados en temas de extranjería, atendían a los inmigrantes que acudían para que les regularizarán su estancia en España y que les pagaban por ello diversas cantidades de dinero.

Para su legalización se necesitaban los documentos de identidad de quienes supuestamente les iban a emplear, documentos que, en muchos casos falsificados y a cambio de entre 40 y 70 euros por cada uno, facilitaba Francisco P.

Toda la documentación tenía que ser compulsada en la Subdelegación del Gobierno, tarea de la que se ocupaba Constancio A.

Y por su parte, concluye el escrito de la acusación pública, la función de la súbdita marroquí Bouchra K. era la de contactar con paisanos "a los que aseguraba que si le entregaban 5.000 euros obtendrían la regularización, lo que hicieron varios, a los que acompañó o les indicó al lugar donde debían acudir para ello, que no era otro que el despacho de los también acusados".