Aguas de Cáceres, cuyo principal socio es Gestagua, recurrió ayer en el juzgado de lo Contencioso los acuerdos de adjudicación provisional y definitiva del concurso del agua a Acciona. Aguas también solicita que se adopten medidas cautelares y que se suspenda el procedimiento hasta que se resuelva su recurso. Al procedimiento todavía le resta la firma del contrato con Acciona y el cobro del canon de 30,2 millones de euros.
El retraso en la recepción del canon es la principal consecuencia. De la decisión que adopte el juez en los próximos días dependerá la duración de este aplazamiento: si es de semanas, en caso de que el juez levante la suspensión que ahora pesa sobre el proceso, o si es de meses, si acepta la medida cautelar.
La alcaldesa, Elena Nevado, subrayó el jueves la urgencia de su ingreso, entre otras razones por lo que cuesta al ayuntamiento el pago de los intereses (unos 2.000 euros al día) de las seis operaciones de crédito a cancelar con el canon. Hay otras razones, como la necesidad de fondos que tiene el consistorio y el pago de parte de la deuda con los proveedores.
El recurso de Aguas ante el juzgado confirma lo que ya esperaba el gobierno, que el jueves daba por hecho que la suspensión del proceso se mantendría si se recurría en el juzgado. Se esperaba que este paso lo diese Canal de Isabel II, que confirmó que lo dará, pero se ha anticipado Aguas. En el último informe de los servicios jurídicos municipales ya se apuntaba la posibilidad del recurso de Aguas.
DOS PROCESOS Desde el momento que Aguas y Canal presentaron sus recursos administrativos (especial en materia de contratación) contra la adjudicación provisional (Aguas y Canal) y la definitiva (Canal) el proceso se suspendió. Estos recursos se desestimaron el 27 de julio y el último el pasado jueves.
Esto habría posibilitado la firma del contrato con Acciona en circunstancias normales, pero el concurso de Cáceres está afectado por la ley 34/2010, que modifica la ley de contratos y que establece que esta suspensión solo la pueda levantar un juez si contra la desestimación del recurso especial se va a la vía judicial.
Lo que hace esta ley es extremar las garantías en la resolución del proceso. Como en Extremadura no se ha creado aún un tribunal específico para resolver estos recursos especiales y administrativos, el legislador traslada al juez la decisión de levantar la suspensión del proceso.
Con el paso de ayer de Aguas se prolonga la suspensión. Ahora toca al ayuntamiento dirigirse al juez para que la levante y pueda firmase el contrato y recibirse el canon. Pero de momento Aguas de Cáceres ha pedido al juez que esa suspensión se mantenga hasta que resuelva su recurso (la sentencia puede tardar meses).
Lo que hizo ayer Aguas es acogerse a las medidas cautelares que establece la ley 29/1998. Esta decisión se tendrá que resolver en una pieza separada del proceso que se seguirá contra los acuerdos de adjudicación. Esta medida cautelar se podrá acordar si la ejecución del acto (la firma del contrato con Acciona) provoca que se pierda la finalidad del recurso de Aguas de Cáceres. No obstante, el juez podrá denegarla si esta suspensión cautelar causa una perturbación grave para los intereses generales.
El juez, en caso de aceptar la medida cautelar, puede pedir a Aguas la presentación de una garantía o caución suficiente si de la decisión de paralizar el proceso se pudieran derivar "perjuicios de cualquier naturaleza", según regula la citada ley.
La decisión sobre la denegación o aceptación de las medidas cautelares tiene unos plazos fijados, por lo que se decidiría en unas semanas (en octubre podría haber una decisión).
Queda todavía por resolver qué pasará cuando Canal de Isabel II recurra ante el juez en el caso de que con el proceso que ha iniciado Aguas de Cáceres se levante la suspensión y la medida cautelar no se acepte.
VALORACION MODIFICADA Gestagua explica en un comunicado que se ve obligada a ir a los tribunales ante "la reiterada desatención" de los recursos administrativos presentados. Añade que si se firma el contrato y se ingresa el canon el daño causado sería irreparable si la sentencia da la razón a Aguas de Cáceres. Y confía en una sentencia favorable que "identifique a quienes de manera interesada --según las actas-- habrían inducido a modificar la valoración de las calificaciones técnicas establecidas en la primera evaluación de las ofertas". Además detalla que su recurso incorpora trece anexos para sustentar sus argumentos y evitar el "atropello" de su oferta.
