La recaudación por IBI urbano superó los 20 millones de euros tras el periodo voluntario de pago de este impuesto, un plazo que acabó el pasado 20 de agosto y que en este ejercicio ha durado tres meses. El ingreso ha estado en porcentajes parecidos a los de años anteriores, incluso esta vez se ha situado por encima del 90% de la cantidad puesta al cobro cuando en ejercicios precedentes rondaba el 85% en los días posteriores al cierre del plazo. El covid no ha tenido una incidencia en el incremento de la morosidad por este tributo, piedra angular sobre la que se asienta la recaudación del ayuntamiento.

La cantidad puesta al cobro este año del IBI urbano fue de 22,3 millones, la más baja desde el ejercicio de 2011. Las reducciones del tipo impositivo, que del 0,82 que había en 2015 ha bajado hasta el 0,70 que se aplica desde 2019, han incidido en el recorte de la cantidad que el ayuntamiento presupuesta. Este año se ha bajado hasta los 22,1 millones, que fue la mima cantidad que de derechos por este tributo se reconocieron al cierre de 2019. Se está muy lejos de los 27,8 o los 26,1 millones que se reconocieron en 2014 y 2015.

La previsión de ingresos de este año se ha hecho en base a los resultados de 2019. Es por prudencia el criterio que se sigue por los servicios económicos del ayuntamiento para configurar la previsión de ingresos para todo el año. Con lo recaudado tras el plazo voluntario, 20,6 millones, solo se está a medio millón de lograr la previsión presupuestaria. El casi 1,6 millones que se puso al cobro y que aún no se ha recaudado está en vía ejecutiva y en proceso de recaudación por los servicios de la diputación, que tienen la gestión de esta competencia municipal.

Para comprender la importancia que tiene el IBI basta con decir que uno de cada tres euros de los ingresos que presupuesta el ayuntamiento proceden del mismo.

PLAN DE AJUSTE / La suspensión de la aplicación de las reglas fiscales en 2020 y 2021 anunciada por el Gobierno la pasada semana y ratificada el lunes en la Comisión Nacional de Administración Local va permitir que el ayuntamiento no tenga que presentar un plan económico-financiero para estos dos años por incumplir la regla de gasto en 2019. Ese incumplimiento ascendió a 1,4 millones de euros y el plan tenía que incluir las medidas de ajuste para corregir ese desvío en el gasto de casi un millón y medio de euros. Según detalló el Gobierno el pasado 30 de septiembre, la suspensión de las reglas fiscales supone que los planes económicos-financieros como consecuencia del incumplimiento de los objetivos de 2019 «deben considerarse superados».

Estas medidas extraordinarias del Gobierno, motivadas para dar más margen a los ayuntamientos para combatir los efectos del covid, dan también más libertad para el gasto del remanente de tesorería, aunque en el caso del ayuntamiento la mayor parte de ese remanente, que al cierre de 2019 ascendió a 6,2 millones, ya se ha gastado al destinarse a incrementar la partida de gasto social (968.755 euros), al plan de subvenciones a pymes y autónomos (1.000.000), al déficit del autobús ( 449.933) y al pago de la obra de ampliación de los campos de fútbol de Pinilla (2.419.644 euros).

Esta última se iba a financiar con una operación de crédito, adjudicada a Liberbank, pero tras el primer año de carencia, en el que solo se pagaron intereses, se tenía que decidir sobre la formalización del préstamo, operación con la que no ha continuado el ayuntamiento, que destinará parte de su remanente a pagar la obra con recursos propios y como inversión financieramente sostenible, gasto al que se pueden destinar los remanentes de tesorería.