La Confederación del Tajo requirió el pago de su parte en 1997. Ibarra dijo entonces que el consistorio no debía pagar porque el compromiso alcanzando en 1992 fue que la Junta pagaba la mitad y el Estado la otra parte. Pidió que este asunto se dejase en manos de la administración autonómica y dijo que si el ministerio no daba garantías de cumplir ese compromiso, lo pagaría la Junta. Desde 1997 el expediente, al aplicarse la legislación de Aguas, ha seguido tramitándose.
