El proceso judicial por la cesión del recinto hípico se ha cerrado, al menos de forma provisional. La magistrado del Juzgado número 3, que ha instruido el caso, dictó ayer un auto en el que "se acuerda el sobreseimiento provisional y el archivo de la presente causa", seguida contra el alcalde de la ciudad, José María Saponi, y el edil de Juventud, Francisco Javier Castellano.

Contra dicho acuerdo, se hace constar, podrán interponerse recurso de reforma y/o apelación, lo que el abogado de la acusación, Angel Luis Aparicio Jabón, ya anunció ayer a EL PERIODICO que interpondrá dentro de los tres días que marca el plazo establecido en dicho auto.

La causa se abrió tras la denuncia de siete hosteleros contra el alcalde y el edil de Juventud por la autorización dada a cinco hosteleros cacereños para la apertura de una pista de verano en el hípico. Se les acusaba de prevaricación y malversación de caudales públicos, delitos que la juez instructora del caso considera no se aprecian en la actuación de Saponi y Castellano.

COINCIDENTES En los fundamentos jurídicos dados por la titular del Juzgado número 3 para acordar el archivo de la causa, ésta coincide plenamente, como así consta en el auto por ella dictado, con las consideraciones que el Ministerio Fiscal exponía en el informe que presentó al juzgado solicitando el sobreseimiento de la causa (ver EL PERIODICO de fecha 13 de mayo).

En su caso, la juez estima "no probada la existencia de un delito de tráfico de influencias", lo que justifica en lo expuesto por el fiscal en el sentido de que de lo actuado "no ha quedado acreditado que los imputados, alcalde y concejal del Ayuntamiento de Cáceres, influyeran en algún funcionario público o autoridad para conseguir una resolución que les generase directa o indirectamente beneficio económico para sí o para un tercero".

De igual forma estima no probados los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, asumiendo, en general, los argumentos del Ministerio Público para decidir el sobreseimiento y archivo de la causa.

Conocida la resolución judicial, el alcalde de la ciudad emplazó a este diario hasta el próximo lunes para expresar su valoración al respecto.

Por su parte, la portavoz del PSOE, Carmen Heras, y de IU, Víctor Casco, tras mostrar su total respeto a la decisión de la autoridad judicial, manifestaron su preocupación por la resolución, ya que en opinión de ambos "sienta un precedente judicial para que cualquier administración pueda actuar con total arbitrariedad y falta de control".

Heras consideró que a partir de ahora, "si según la resolución judicial en este asunto del hípico todo lo que han hecho los responsables municipales ha sido correcto", todos estarán legitimados para hacer lo mismo. "Cualquiera estará legitimado para utilizar cualquier espacio público sin tener que pagar tributo o tasa si así lo estima el dirigente de turno".

Coincidente se mostró Casco al indicar: "Esta resolución crea un precedente peligroso, pues cualquier administración podrá ahora otorgar permisos, liberar a empresa y empresarios del pago de cuotas, actuar al margen de las comisiones..., sin problema, pues la justicia lo permite".

Para el portavoz de IU, en el caso de la cesión del hípico "había más que motivos para haber continuado con las diligencias, pues quedan aún muchos asuntos que investigar".