La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) fija en 3.073.269 euros el justiprecio a abonar por el ayuntamiento por la expropiación de 2.998,8 metros cuadrados y otras propiedades inmuebles en la calle Islas Canarias. Con este nuevo justiprecio se eleva a 28 millones de euros el coste del terreno a conseguir por el ayuntamiento para la ampliación del parque del Príncipe.

La sentencia, que es del 28 de febrero, estima en parte el recurso interpuesto por José María Vega. La superficie objeto de expropiación es de 2.998,8 metros cuadrados y el TSJEx fija su justiprecio en 2.821.781 euros. Además se valora en 105.142 euros otras propiedades que hay en la parcela (una casa, un garaje, una pista de tenis, una piscina, plantaciones...). A estas dos cifras se añade el premio de afección, 143.349 euros, y los intereses, que en la sentencia del TSJEx no se cuantifican. El gobierno local ya ha tomado el acuerdo de recurrir la sentencia. El consistorio había cifrado el justiprecio de esta propiedad en 1.127.085 euros

Este proceso es el cuarto ligado a la expropiación del terreno para ampliar el parque. El ayuntamiento pagó en el primer proceso con parcelas en el Rodeo, Perú y junto a la estación valoradas en 15 millones. Este proceso se resolvió con un laudo que explica los costes de los justiprecios que se han fijado en sentencias judiciales para los otros tres casos. Este laudo asignaba a cada metro cuadrado de superficie un aprovechamiento de 1,317 metros cuadrados edificables.

El segundo proceso de expropiación acabó con una sentencia del Supremo y un coste para el consistorio de 6.370.400 euros, cantidad que no incluye los intereses. El tercero cuenta con sentencia del TSJEx, que fijó el justiprecio en 3.565.030 euros, y está recurrido por el ayuntamiento. Y el cuarto es el que motiva la sentencia del pasado día 28.

El ayuntamiento ya ha pagado por los dos primeros, en uno con las parcelas y en otro monetariamente. Estos dos procesos iniciales se diferencian de los otros en que fueron promovidos por empresas que adquirieron el terreno una vez que el plan de urbanismo lo había dejado como espacio verde, unas operaciones especulativas que en uno de estos dos procesos hizo que se multiplicase por diez la inversión inicial (el terreno se adquirió por 655.654 euros y el justiprecio que se abonó fue 6.370.400).

Los otros dos procesos, pendientes de pago al estar recurridos, y un quinto con expediente iniciado están promovidos por los propietarios originales del suelo cuando el plan de urbanismo lo planificó como verde y obligó al ayuntamiento a su adquisición mediante expropiación. El quinto expediente en esta zona, el terreno tiene una superficie de casi 7.000 metros cuadrados, podría no terminar en un pago para el ayuntamiento, ya que está entre los afectados por la entrada en vigor del nuevo plan de urbanismo, en el que ya se establece que el consistorio debe obtener este tipo de terreno no con una expropiación, sino como cesión con el desarrollo de nuevos polígonos residenciales.