La Oficina de Igualdad, dependiente del Instituto Municipal de Asuntos Sociales, IMAS, ha atendido en lo que va de año a cien mujeres víctimas de violencia de género solo en la ciudad de Cáceres. De ellas, ochenta tienen vigentes órdenes de protección y treinta reciben ayuda para encontrar una vivienda social, según datos del ayuntamiento cacereño.

Ante estos datos, la concejala de Asuntos Sociales y Mujer, Marisa Caldera, considera que «los ayuntamientos y sus servicios sociales son la puerta de entrada de las mujeres víctimas de violencia de género» para recibir ayuda. Por este motivo, considera «una cantidad ridícula» la que propone el gobierno central para la ciudad de Cáceres en materia de violencia de género.

Comparte así la opinión de la alcaldesa cacereña, Elena Nevado, que la semana pasada criticó los 17.900 euros que la ciudad va a recibir del Estado en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Aunque solo se ha conocido «el trazo grueso» de la asignación que le corresponde a Cáceres, y «hay que ser prudentes porque aún queda por leer la letra pequeña», apunta Caldera, dicha cantidad le parece insuficiente para abordar un problema de este calibre. «Sólo en programas de concienciación con motivo, por ejemplo, del Día de la Mujer o del Día contra la violencia de género, el ayuntamiento va a invertir este año 15.000 euros», explica la concejala de Asuntos Sociales.

COMPETENCIA MUNICIPAL// A pesar de estas críticas, Marisa Caldera se muestra a favor de la filosofía del pacto de Estado, «nos parece bien que los ayuntamientos asuman las competencias en violencia de género, siempre que se aporte financiación para ello».

Caldera recalca que el consistorio cacereño presta diferentes servicios a las víctimas de violencia de género, como el Punto de Atención Psicológica, la propia Oficina de Igualdad o el proyecto SIRA, un servicio de recuperación integral de la mujer y todo, «hay que dotarlo con recursos humanos», apunta. Además, el ayuntamiento tiene un servicio de teleasistencia a las víctimas que en al actualidad atiende a 25 mujeres. Se trata de un terminal que portan las víctimas de violencia de género que se encuentran en una situación de riesgo para solicitar ayuda en cualquier momento del día.

Marisa Caldera insiste en que todos estos servicios tienen un coste y que con los 17.900 euros que recibirá la ciudad del Estado «no hay ni para contratar un técnico».