Los vecinos de la Ciudad Monumental comienzan a estar molestos con la gestión de la existencia de plomo en el agua de consumo de algunas viviendas, un metal pesado cuya ingesta resulta perjudicial para el organismo, que la propia Organización Mundial de la Salud recomienda no ingerir siquiera en un porcentaje mínimo. Consideran que la respuesta del ayuntamiento, afirmando que el coste del cambio de las acometidas de este material corresponde a los vecinos, y que estudia una línea de ayudas, resulta insuficiente. «Antes de decir quién paga y de ofrecer limosna, hay que cumplir con el compromiso adquirido de saber dónde están las tuberías de plomo», subraya la directiva vecinal en su página de Facebook.

Los residentes vienen manteniendo que lo importante «no es ahora el coste ni a quién corresponde, nosotros necesitamos saber primero la ubicación de esas acometidas. Es un material prohibido desde 1980 en las tuberías, y el ayuntamiento debería haber informado antes de 2012 de los tramos en los que quedaba plomo, obligado por el Real Decreto 140/2003. Ésa es la prioridad, localizar los conductos», insistió ayer el presidente vecinal, Juan Manuel Honrado.

La directiva ha creado un grupo de trabajo formado por profesionales de Farmacia, Química, Bioquímica, Fontanería y Arquitectura Técnica. Consideran que las subvenciones tienen una «repercusión económica mínima» y que al final se acogen pocas personas, «pero ahora no se trata de dinero, sino de conocer dónde están esas acometidas», reitera Honrado.

ANALÍTICAS / Y la forma de saberlo no es otra que realizar analíticas en el agua de las viviendas. Ya se han efectuado en 33 inmuebles por encargo de los propios residentes, cuando un vecino avisó de que acababa de descubrir que su acometida era de plomo. En 16 casos se detectó este material en el agua de consumo, y en 8 superaba el límite que establece la normativa española (incluso 8 y 12 veces). Ahora, más de 160 vecinos aguardan nuevas analíticas que el ayuntamiento se ha ofrecido a llevar a cabo a través de la farmacia municipal.

El problema es los residentes quieren que esos estudios se hagan siguiendo la directiva europea 1787/2015, ya que unas primeras analíticas realizadas por técnicos del ayuntamiento y Canal, que han arrojado resultados dentro de la normalidad, se han enfocado a detectar microorganismos y metales pesados, pero no a determinar si la red de distribución es la que contamina el agua. «Parece ser que han dejado correr previamente el grifo», explicó en su día el presidente. Los residentes se niegan a que los análisis se realicen sin tener en cuenta el protocolo de aplicación en los estados miembros.

Pero además, la directiva vecinal considera «urgente» que se corrija la forma de proceder de Cana de Isabel II, empresa concesionaria del servicio público del agua, ya que « está cambiando redes generales y sigue enterrando las acometidas que se encuentra, incumpliendo el Real Decreto 140/2003». Los vecinos consideran que la empresa debería informar de esas acometidas de plomo para aprovechar la apertura de las calles y facilitar su sustitución por materiales no contaminantes. «El coste se reduciría y los conductos de plomo se irían eliminando rápidamente», indica el presidente. «Solamente con eso, están demostrando que la salud de los cacereños les importa una mierda», subraya la directiva en su página de Facebook, visiblemente molesta.

Los vecinos se reunirán mañana en el ayuntamiento con la concejala de Medio Ambiente e Infraestructuras Estratégicas para buscar soluciones. El asunto tiene muchas aristas porque la legislación resulta compleja con normativas cambiantes. Los vecinos insisten en que están poniendo sobre la mesa un problema de salud pública que corresponde al ayuntamiento, porque además hay otros barrios donde pueden existir acometidas de plomo, que ya han pedido actuaciones al respecto.