El centro penitenciario de Cáceres es una de las 23 cárceles españolas que no cuenta con un servicio de orientación jurídico-penitenciaria para presos, donde los internos pueden recibir asesoramiento jurídico sobre su situación en la cárcel.
Son datos que figuran en la respuesta parlamentaria al diputado socialista Antonio Hurtado, quien formuló al Ejecutivo una pregunta para pedir información sobre los centros en España que no disponen del Servicio Jurídico-Penitenciario (SOAJP) para internos. Del total de 69 centros penitenciarios que existen en España, según datos del Ministerio del Interior, 23 de ellos -el 33 por ciento- no dispone de estos servicios de asesoramiento jurídico, tal y como se detalla en la respuesta del Gobierno a la que ha tenido acceso Efe.
Por regiones, en Castilla-La Mancha (Alcázar de San Juan, Cuenca y Herrera de la Mancha), Comunidad Valenciana (Alicante cumplimiento, Castellón y Castellón II), Galicia (Bonxe-Lugo, Monterroso y Teixeiro) y Baleares (Ibiza, Menorca y Mallorca) existen tres centros sin este servicio.
Mientras, carecen de él dos centros en Canarias (arrecife de Lanzarote y Santa Cruz de la Palma), y Castilla y León (Segovia y Soria), y un centro en Extremadura (Cáceres), Ceuta, La Rioja (Logroño), Melilla, Murcia (Murcia II), Aragón (Teruel) y Asturias (Villabona). En la actualidad, la comunidad autónoma que ha expresado su disponibilidad y que sufraga el servicio a los colegios de abogados es Andalucía, quien suscribió un acuerdo de colaboración en este sentido.
