El Tribunal de Cuentas (TCu) ha fiscalizado 3 contratos del ayuntamiento. Lo hace en su informe sobre contratación en entidades locales de 5 comunidades autónomas que carecen de órgano de control externo. Los seleccionados son el de la urbanización del centro de formación para el empleo (junto a los campos de fútbol de Pinilla), el de la concesión de la obra pública de construcción y explotación del párking de Primo de Rivera y el del servicio público de autobuses urbanos. El último es el que sale peor parado por deficiencias detectadas -de parte de las mismas informó este diario el 3 de diciembre-, aunque los otros dos tampoco se libran de objeciones. A cada una de las observaciones contestó el consistorio con sus alegaciones.

La contratación, sobre todo la de servicios públicos, tiene un peso destacado en el ayuntamiento. La prueba es el presupuesto anual, un tercio de su importe se destina a empresas que se encargan de la gestión de estos servicios -en 2017 serán 22 de los 69 millones del presupuesto-. Y eso que desde hace cinco años el contrato del agua no tiene reflejo en el presupuesto, una concesión que tiene un coste de 12 millones anuales (al menos ese es el cálculo de ingresos que hace la empresa para sufragar gastos y amortización del canon y de inversiones).

Entre las funciones del tribunal están las de hacer constar en el resultado de la fiscalización las infracciones o prácticas irregulares observadas con indicación de la responsabilidad en la que se haya incurrido y de las acciones para exigirla, además de proponer medidas para la mejora de la gestión económica y financiera del sector público. En las conclusiones del informe del Tribunal de Cuentas se hacen observaciones generales, no se señala a ningún ayuntamiento ni se avanza si se trasladará a una instancia judicial alguna de las deficiencias detectadas. Se limita a hacer recomendaciones.

De los tres contratos analizados es en el del autobús en el que más observaciones se hacen, una de ellas está referida a que se limitase el importe de las bajas que podían presentar las empresas y otra a que la garantía exigida a la adjudicataria del servicio no fuera mayor.

EL PÁRKING es un contrato de concesión de obra pública en el que el ayuntamiento pone el bien --la avenida--, la empresa (Riosa-Herce) adelanta el dinero para construirlo y lo explota 40 años para amortizar el gasto y obtener un beneficio. El tribunal hace observaciones sobre el importe de la licitación, aclaradas por el Servicio de Infraestructura del ayuntamiento en su alegación, sobre deficiencias en el estudio de viabilidad de Empark, que no resultó adjudicataria, o sobre el canon anual que debe pagar la empresa, que la Intervención del ayuntamiento lo cifró en 30.000 euros, pero que al final se fijó en 8.648 euros por el Servicio de Rentas.

En el caso del contrato del centro de formación, el tribunal precisa que las obras fueron recibidas por el ayuntamiento con un año y 3 meses de retraso y que la Intervención municipal informó negativamente sobre la última certificación al haberse ejecutado nuevas unidades de obra no previstas en el proyecto por valor de 32.434 euros. En el informe de la Sección de Obras Civiles del consistorio se detallan las causas del retraso --climatológicas y cesión del contrato inicial a otra empresa-- y se explica que se tuvieron que incorporar nuevas unidades de obra no recogidas en el proyecto pero que eran necesarias «por imperativo» de la nueva norma «de las compañías suministradoras».

El informe concluye con recomendaciones, destacando que haya una mayor precisión en la preparación de los expedientes de contratación y más vigilancia y control de su ejecución. En definitiva, más medios para Contratación e Inspección de Servicios, de los que depende, al menos en lo que son los contratos de servicios públicos, 1 de cada 3 euros del presupuesto.