Las chabolas volvieron ayer a Aldea Moret. Las han levantado una treintena de familias gitanas, en principio solo como un mero acto de protesta y reivindicativo, pero que amenazan será indefinido si el ayuntamiento no atiende su demanda, que no es otra que viviendas sociales para todos. Ante su actitud, desde el ayuntamiento se advierte que su acción es ilegal, y que que no van a ceder a chantajes, porque legalmente no les pueden dar viviendas sociales al no reunir los requisitos que establece la normativa para su adjudicación.

A primera hora de la mañana los afectados comenzaron a levantar las chabolas de madera y plástico en un pequeño espacio libre situado al final de la calle Ródano. A media tarde ya estaban concluidas y algunos pudieron dormir en ellas. "No nos ha quedado más remedio que hacer esto porque no podemos seguir viviendo con nuestros padres; estamos casados y con hijos, y en sus casas ya no cabemos todos, por eso mientras no nos den un piso seguiremos aquí", aseguraban. Argumentan que les pueden dar los pisos que necesitan "porque en el barrio hay más de cien vacíos".

Según hicieron constar a EL PERIODICO, la semana pasada estuvieron en Mérida con responsables de la Junta "y nos dijeron que si el ayuntamiento les indica que pueden darnos una vivienda ellos no dan las llaves sin problemas, entonces por qué no lo hacen, si se están dando a gente que no es de Cáceres y nosotros somos cacereños".

La concejala de Asuntos Sociales, Marcelina Elviro, dio a este diario la respuesta: "No podemos darles una vivienda social porque no reúnen los requisitos necesarios para ello, y si lo hiciéramos estaríamos cometiendo una ilegalidad". Y con rotundidad aseguró que "no vamos a ceder a chantajes, pues no podemos darles prioridad atendiendo a sus costumbres, ya que de hacerlo, insisto, actuaríamos en contra de la ley". Preocupada por la situación, la concejala se puso ayer mismo en contacto con la Fundación Secretariado Gitano para que medie en el conflicto "y les haga entrar en razón", y según adelantó "ya hemos acordado reunirnos la próxima semana para ver el tema".

También el concejal de Seguridad Ciudadana, Carlos Jurado, confía en que depongan su actitud. "Lo que están haciendo es ilegal, están ocupando un espacio público y esto no se puede permitir, por lo que si no lo abandonan, tendremos que proceder a su desalojo". No obstante, desde el ayuntamiento no se quiso forzar la situación, "y por eso hemos decidido esperar a mañana", pero si no dejan su protesta, "pondremos el asunto en conocimiento de la Fiscalía para que se autorice el desalojo, pues si por presión accedemos a su demanda sentaríamos un precedente que podrían utilizar otros".