La junta local de gobierno acordó ayer comunicar a la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJEx que se cumplirán las dos sentencias que obligan al ayuntamiento a pagar 2,7 millones de euros, más los intereses, por la expropiación de 7.487 metros cuadrados. Ese pago se realizará "dentro de las disponibilidades" del ayuntamiento, concretó el portavoz del gobierno municipal, Lorenzo de la Calle. La junta también decidió dirigirse a los representantes de las sociedades limitadas Tres Calderas y Habana Antigua para que se negocie un posible abono con patrimonio (parcelas) de propiedad municipal.
La junta tomó este acuerdo tras conocer un auto de la Sala en el que se insta a la ejecución de las sentencias del 30 de abril del 2008. En la sentencia número 253, la Sala establece el justiprecio de 3.762 metros cuadrados en 1.312.001 euros. En la otra, la número 248, se evalúa el coste de 3.725 metros cuadrados en 1.377.601 euros. La diferencia es porque en el segundo fallo ya se da la cantidad a pagar con el 5% del premio de afección.
El portavoz del gobierno local explicó que el ayuntamiento no puede afrontar un pago en dinero líquido inmediato de esa cantidad y recordó que hay débitos a satisfacer con fechas muy anteriores, habló de pagos del 2000 y 1999, por lo tanto el desembolso de los 2,7 millones, más los intereses legales, se vincularía a un plan general de pago.
De la Calle precisó que en la documentación aportada por las sociedades en su petición a la Sala para la ejecución de la sentencia se incorpora una relación detallada de parcelas de titularidad municipal, lo que "ha sorprendido", concretó el portavoz del gobierno, a los miembros de la junta local, debido a que el ayuntamiento no tiene todavía cerrado su inventario general de bienes.
El portavoz también precisó que el débito de las dos sentencias no se va a satisfacer con los 9,8 millones de euros del crédito con el Banco Santander, dinero que está "garantizado por el derecho comunitario a efecto de la financiación de las inversiones". El presupuesto del 2008 recoge que más de la mitad de las inversiones del ejercicio se pagan con el crédito de 9,8 millones.
ANTECEDENTES Los terrenos están entre la avenida de Cervantes y la ronda del Marco y junto al instituto Al-Qazeres. En esta zona se prevé un vial para prolongar la avenida de Dulcinea.
El auto es parte de un proceso de expropiación iniciado el 1 de julio del 2004, por la parcela de 3.725 metros cuadrados, y el 9 de septiembre, por otra de 3.762. En los dos casos son terrenos destinados a sistemas generales (dotaciones de uso público) en suelo urbano que no están adscritos a un sector o a una unidad de actuación urbanística. Su consecución por el consistorio tiene que ser por expropiación o por ocupación directa. El administrador de la sociedad Habana Antigua es Damián Arroyo, a quien el consistorio ya expropió, tras sendos procesos judiciales, con sentencias del TSJEx de 1994 y 2001, suelo junto al cementerio.
Las sociedades adquirieron los 7.487 metros cuadrados en 2004, según se indica en las sentencias, y pagaron por cada una de las dos parcelas 510.860 euros, según se añade en las resoluciones judiciales. La propiedad valoró en 7,1 millones el justiprecio de una de las parcelas y en 5,4 el de la otra. El TSJEx no lo aceptó y cuantificó el justiprecio de cada una en 1,3 millones en base a una valoración de los técnicos del ayuntamiento.
Con anterioridad a estas resoluciones judiciales, la propiedad planteó una permuta, que no se aceptó por el ayuntamiento en base a informes de sus técnicos, que estimaban que la dotación pública prevista en el terreno carecía de proyecto concreto para su ejecución que justificase la urgencia de anticipar la adquisición del suelo.
