Qué opina de la nota del obispo de Córdoba sobre Cajasur?

-- Es suficientemente clara y contundente. Habla por sí sola, en nombre de la Iglesia y de los creyentes. Si quedaba alguna duda, el presidente de Cajasur, Miguel Castillejo, ya no puede sostener sin sonrojo que defiende los intereses de la Iglesia sino los suyos propios. En segundo lugar, queda más patente que nunca que la póliza de 500 millones de pesetas suscrita en beneficio de Castillejo y de su familia supone un auténtico escándalo. Tras la nota, deberíamos exigir un mínimo de dignidad a los canónigos. ¿En nombre de quién actúan? ¿A quién representan?

¿Ve posible un acuerdo sobre el futuro de la caja cordobesa?

-- Lo señalado por el obispo de Córdoba nos indica que es el momento de iniciar un diálogo institucional sobre tres premisas: primero, el respeto a los derechos de la Iglesia en Cajasur; segundo, la autonomía de la caja; y, tercero, la rectificación del acuerdo que otorga la competencia sobre Cajasur al Ministerio de Economía que dirige Rodrigo Rato. Es decir, la vuelta a la situación anterior a los acuerdos adoptados por el consejo de administración de la entidad financiera.

Cajasur sufrirá un auténtico rosario de procedimientos judiciales. ¿No sería mejor negociar?

-- Lo mejor, antes de que el Gobierno del Partido Popular aprobara la ley financiera, era esperar a que el Tribunal Constitucional se pronunciase sobre la ley de cajas andaluza. Ha sido un auténtico atentado contra el Estatuto de Autonomía sustraerle a la Junta la competencia sobre una caja de ahorros, con independencia de que sea o no de la Iglesia. Estoy convencido de que el Concordato con la Santa Sede no dice nada sobre cajas.

La ley se ha hecho a la medida de Cajasur. Establece como norma general el tope de edad para los presidentes en 70 años. La sinrazón está en que concede a las autonomías la competencia de disminuir esa edad, algo hecho para un caso concreto en Cataluña y, sin embargo, sustrae la competencia a la Junta de Andalucía para que Miguel Castillejo siga de presidente de la entidad or encima de los 70 años, hasta que él quiera. Es una ley que no está hecha a medida de los intereses de la Iglesia, sino de los intereses personales de Castillejo, para que se pueda quedar más años como presidente de la entidad financiera.

¿Existe diálogo con la Iglesia?

-- Estamos abiertos al diálogo, y consideramos que es bueno que haya una salida institucional. Estoy en desacuerdo con los que dicen que los recursos jurídicos pueden afectar a la seguridad, la estabilidad y el futuro financiero de la caja. Lo que en estos momentos afecta a la seguridad de la caja es su presidente, el propio Castillejo.

Después de que los canónigos desobedecieran al obispo, ¿el prelado ha quedado desairado?

-- No voy a entrar en este asunto. Afecta a la Iglesia y al obispo, que es la autoridad eclesiástica más importante que hay en Córdoba. Lo que creo, y lo diría de una persona fuese o no fuese sacerdote, es que más allá de otras consideraciones hay un escándalo que sí afecta a la caja. El verdadero atentado contra la moralidad es que a un señor le han suscrito una póliza de cerca de 500 millones de pesetas con carácter vitalicio para él y sus hermanas. Ese es el problema de fondo.

Se les reprocha que mezclen lo legal con lo moral y que discriminen a Castillejo por ser cura.

-- Nosotros consideramos que la póliza que ha logrado Miguel Castillejo es ilegal y por eso la hemos recurrido, para que los tribunales correspondientes determinen qué se debe hacer. Además hay un problema moral, ético. El Parlamento andaluz podría establecer por ley una pensión vitalicia para los presidentes de la Junta de Andalucía de 1.000 o de 500 millones de pesetas. Sería legal, pero sería una inmoralidad.