Mientras Europa se ha ido convirtiendo en una frontera cada día más inexpugnable, mientras los estados han puesto repetidas trabas a la inmigración o han derivado sus responsabilidades hacia países terceros que han ejercido de guardas que custodian los límites, mientras se hacían oídos sordos al clamor de miles de personas implicadas en conflictos bélicos o mientras otros miles morían en el Mediterráneo, mientras tanto, en la última década ha proliferado un negocio lucrativo e indigno que permite a unos pocos privilegiados acceder a un pasaporte o a un permiso de residencia en la UE a cambio de considerables cantidades de dinero. O no tan pocos: más de 100.000 personas han podido «ser europeas» o circular libremente por el continente gracias a la connivencia de muchos estados con firmas especializadas en conseguir el salvoconducto de oro. Según informa el estudio Escapada Europea, se han desembolsado unos 25.000 millones de euros, un dato escandaloso ante el cual nada puede hacer el Ejecutivo comunitario. Las críticas xenófobas advierten del supuesto peligro que representa la inmigración, pero esta estratagema puede convertir a Europa en un «paraíso de los criminales, de los corruptos y del dinero sucio», como ha advertido la comisaria de Justicia. «La venta de ciudadanía», además de ser moralmente reprobable, «plantea un grave riesgo de seguridad». Legal, eso sí.
