La retirada de fotografías de presos de ETA y la eliminación de pintadas de apoyo a la banda terrorista en las calles de Euskadi lleva camino de convertirse en eje de la polémica política del verano vasco. La decisión del Gobierno de Patxi López de poner en práctica la tolerancia cero ante cualquier signo de respaldo a la violencia choca, de momento, con la discrepancia de Aralar, las matizadas críticas a las formas del PNV y la beligerancia activa de fieles de la izquierda aberzale que el domingo, por ejemplo, insultaron en Villabona (Guipúzcoa) a los ertzainas que levantaban acta de la exhibición de fotos de etarras.

El Departamento de Interior vasco informó de que uno de los radicales agredió a un agente de la policía autonómica y fue posteriormente detenido.

En medios políticos y policiales se baraja la hipótesis de que los seguidores de Batasuna aprovecharán las celebraciones festivas del verano en la mayoría de los pueblos y capitales para recuperar protagonismo y tensar la situación con la utilización de símbolos perseguidos. El pulso se ha hecho patente en las recientes fiestas de los municipios vizcaínos de Barakaldo y Santurtzi, en los que la Ertzaintza retiró fotografías de presos que fueron repuestas a las pocas horas. De hecho, ahora se ha optado por levantar acta de cada actuación para remitirla posteriormente al juzgado y abrir diligencias contra los titulares de locales o responsables de las txosnas festivas en los que se exhiben carteles y fotos de etarras.

Aralar ha interpelado al consejero de Interior, Rodolfo Ares, para que explique en el Parlamento cuál es la base legal de su decisión. En opinión del partido que preside Patxi Zabaleta, la "cruzada" emprendida por el Gobierno socialista contra las fotografías de los terroristas no ayudará "al logro de la paz".

HASTA LA AUDIENCIA Maribi Ugarteburu, eventual portavoz de la izquierda aberzale, reconoció ayer su dificultad para hablar del asunto porque "en cualquier momento", argumentó, ella misma podía ser "parte de las fotos". Asimismo, insistió en que los presos son una "consecuencia del conflicto" y advirtió de que "el intento desesperado de borrar del mapa a una parte de la realidad del país" está abocado al fracaso.

Esa, sin embargo, no es la conclusión a la que llega el Ejecutivo vasco. El consejero Ares se ha declarado dispuesto a llegar si es necesario hasta la Audiencia Nacional para evitar que aparezca en los espacios públicos cualquier icono que resulte ofensivo para las víctimas de ETA.