El fiscal ha pedido al Tribunal Supremo que deje sin efecto su decisión de imputar a Baltasar Garzón por un delito de prevaricación por investigar los crímenes cometidos durante la dictadura franquista. Paralelamente, la comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidió seguir investigando las dietas que el juez de la Audiencia Nacional recibió en su licencia de estudios en Nueva York entre marzo del 2005 y junio del 2006.

La fiscalía rechaza en su dictamen que Garzón haya podido cometer un delito de prevaricación cuando realizó "una serie de labores de investigación" tras recibir las denuncias presentadas por asociaciones para la recuperación de la memoria histórica. A juicio del ministerio fiscal, el juez era "competente" para practicar estas pesquisas, ya que trataba de "evaluar la existencia o inexistencia de responsabilidades penales como consecuencia de hechos gravísimos, quién o quiénes pudieran ser responsables de los mismos y si estaban o no prescritos". Garzón debía practicar estas diligencias antes de "plantearse la cuestión de competencia", según el ministerio público.

NO PREVARICO Asimismo, rechaza que el juez de la Audiencia haya prevaricado porque este delito exige "la absoluta notoriedad en la injusticia" y en este caso se trata de "apreciaciones" que son discutibles en Derecho y que pueden ser "jurídicamente defendibles". Además, el fiscal aprovecha su dictamen para defender su postura contraria al proceso emprendido por Garzón.

Por otra parte, la comisión disciplinaria del CGPJ decidió ayer, para acatar una sentencia del Supremo, seguir investigando el dinero que cobró Garzón en Nueva York. Por ello, aplazó el estudio de la propuesta de archivo del servicio de inspección en otro expediente incoado por los mismos hechos.