El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, decretó ayer el ingreso en prisión del líder de Batasuna, Arnaldo Otegi, por inducir a los 108 actos violentos que tuvieron lugar durante la huelga celebrada en el País Vasco el día 9 de marzo. El dirigente aberzale podrá salir en libertad si paga una fianza de 250.000 euros. El juez cree que la protesta estuvo organizada por Batasuna, a pesar de que el pasado enero prorrogó dos años más su ilegalización.

Esta decisión obliga a modificar la situación de los otros dos encarcelados por los mismos hechos. El magistrado envió a mediados de marzo a prisión al responsable de comunicación de Batasuna, Juan José Petrikorena, y al exresponsable de Gestoras pro Amnistía, Juan María Olano, sin posibilidad de eludir esta medida. Al permitir que Otegi pueda salir en libertad tras pagar una fianza, Grande-Marlaska aclaró que los otros dos detenidos también podrán salir de la cárcel si depositan fianzas de 200.000 euros cada uno.

COMPARECENCIA DIARIA El juez establece que Otegi, que estaba previsto que ingresará en la prisión madrileña de Soto del Real anoche, una vez que pague los 250.000 euros, debe personarse diariamente entre las ocho de la mañana y las ocho de la tarde en dependencias de la Ertzaintza. La misma medida ha sido acordada para Olano y Petrikorena.

El auto del juez imputa a Otegi los delitos de integración en organización terrorista e inductor de las coacciones, desórdenes públicos y estragos de tipo terrorista que se produjeron durante la jornada de huelga.

Las acusaciones particulares, ejercidas por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y el colectivo Dignidad y Justicia, pidieron prisión incondicional para el líder de Batasuna. Sin embargo, el fiscal cambió el criterio que había anunciado. El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, aseguró el pasado 10 de marzo que el Ministerio Público pediría prisión incondicional para Otegi. Sin embargo, tras conocerse el alto el fuego, afirmó que instaría a los jueces a que en la petición de medidas cautelares tuvieran en cuenta "la nueva situación", declaraciones que recibieron críticas por parte del PP y de José Bono.

Ayer Otegi hizo un alegato político y recordó a los presentes que estamos ante la "oportunidad real de solucionar los problemas". Finalmente, el fiscal jefe en funciones de la Audiencia Nacional, Jesús Santos, pidió prisión pero eludible con una fianza de 250.000 euros.

En mayo del 2005, Otegi ya ingresó en la cárcel imputado en el caso que la Audiencia Nacional tiene abierto contra Batasuna. El juez le acusó de estar al frente del aparato político de ETA, aunque sólo permaneció en la cárcel de Soto del Real 43 horas, el tiempo que tardó en reunir el dinero de la fianza. Santos basó la petición de sanción en que Otegi está procesado por pertenencia a organización terrorista y, desde finales de febrero, ha aumentado sus "indicios de criminalidad", según una portavoz de la Audiencia Nacional. El fiscal jefe en funciones recordó que, según la doctrina del Tribunal Constitucional en base al artículo 503 de la ley de enjuiciamiento criminal, hay tres causas que pueden justificar el ingreso de un acusado en prisión provisionalmente: si hay riesgo de fuga, posibilidad de destruir las pruebas o reiteración delictiva. En el caso de Otegi, a juicio del fiscal, no se dan las dos primeras puntos, pero sí el último.

El secretario de seguridad y justicia del PP, Ignacio Astarloa, acusó al fiscal general de "defraudar" al Parlamento, y añadió que su "cambio de criterio" sobre el líder de Batasuna, Arnaldo Otegi, es el "peor comienzo" posible tras la entrevista entre Zapatero y Mariano Rajoy. Según dijo, el PP confía en que, pese al "pasado nefasto" del fiscal general, en este momento cumpliera "con todo rigor el Estado de derecho", sin atender "a eventuales flexibilizaciones de la ley".

ALEGATO POLITICO Otegi no quiso contestar las preguntas de la acusación ni del fiscal y su defensa, representada por Jone Goirizelaia, no formuló preguntas. Eso no impidió que formulara un alegato, ya que se considerara un "político", sobre el proceso que se avecina tras el alto el fuego. Otegi afirmó que existe "la oportunidad real de solucionar los problemas", pero que construir "un modelo de solución y de paz es difícil" y que todas las partes "tendrán que poner de su parte". Se desvinculó de los hechos ocurridos en la huelga y afirmó que esperaba que "todo se hiciera en términos de justicia, libertad y paz".