El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz toma mañana declaración indagatoria para comunicar su procesamiento por colaboración con banda armada a los tres mandos policiales imputados en el "caso Faisán" por el "chivatazo" que el 4 de mayo de 2006 alertó a ETA de una operación contra su red de extorsión. Se trata del exdirector general de la Policía Víctor García Hidalgo, el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés, y el inspector de la Brigada de Información de Álava, José María Ballesteros, a los que el magistrado procesó el pasado 13 de julio por un delito de colaboración con banda armada o encubrimiento y por otro de revelación de secretos. En el auto de procesamiento, Ruz planteó las dos calificaciones alternativas de colaboración terrorista o encubrimiento, aunque se inclinó más por tipificar los hechos como delito de colaboración con banda armada, castigado hasta con diez años de cárcel, mientras que el de revelación está penado hasta con tres años de prisión. El juez sitúa a Ballesteros como la persona que entró en el bar Faisán de Irún (Gipuzkoa) y entregó a su dueño, Joseba Elosua, el teléfono móvil con el que se efectuó el "chivatazo", cuya autoría atribuye a Pamiés, mientras que sostiene que García Hidalgo consensuó con este último "la acción perpetrada el 4 de mayo". Según consta en el auto, el móvil del soplo que alertó a ETA de la operación policial en pleno proceso de negociación con la banda no ha podido acreditarse, si bien el magistrado descarta que la intención directa de los procesados fuera colaborar con los etarras. Ruz entiende que, con independencia del ánimo o el móvil que guiara el "chivatazo", el autor de las "revelaciones" debe tener necesariamente conciencia de estar llevando a cabo una acción que supone "una colaboración idónea y potencial" con las actividades de ETA, unos objetivos que "no cabe entenderlos directamente queridos por parte de los imputados" en atención a los cargos que ostentaban. En ese sentido, el juez resalta que el interlocutor de la llamada que alertó a Elosua de la operación insistió en el carácter confidencial y secreto de la llamada, "en conexión con la situación actual política" en relación con ETA, que había declarado un alto el fuego en marzo de 2006, así como con el proceso de conversaciones o "negociación" emprendido por el Gobierno. Los tres mandos policiales han presentado recursos de reforma contra el auto dictado por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, al que el inspector Ballesteros acusa de realizar "el mayor juicio político de la historia de la democracia" con los procesamientos acordados. Por su parte, Pamiés acusa al magistrado de situarle como el "culpable perfecto" del "caso Faisán" y considera que "el único capaz de realizarlo" (el soplo) es el jefe del equipo investigador, el comisario Carlos Germán, que también dirigió el operativo contra la red de extorsión de la banda, que finalmente se frustró.
